Liaño deja en libertad al teniente Bárez, pero le obliga a acudir diariamente al juzgado

El juez Javier Gómez de Liaño dejó ayer en libertad sin fianza al teniente de la Guardia Civil Lorenzo Bárez, al que previamente había tomado declaración como imputado en relación con el apaleamiento que sufrió el pasado 8 de noviembre el testigo protegido 1964 / S del caso Lasa-Zabala. El juez, que ha citado de nuevo a Bárez para el lunes, le ha impuesto, a petición del fiscal, la obligación de comparecer a diario en el juzgado y no salir de España. El magistrado le mantiene como imputado por un delito de obstrucción a la justicia en concurso con secuestro, torturas, lesiones y agresión sexual.

El oficial de la Guardia Civil, detenido por orden del juez en Guatemala, donde está destinado, declaró durante cuatro horas asistido por el letrado de oficio Carlos Cabezas García, debido a que el juez había ordenado su incomunicación.Por ello, el agente no pudo comunicarse con su abogado, Jorge Argote -procesado por encubrimiento en el caso Lasa-Zabala-, aunque tras la declaración el juez levantó la incomunicación. Bárez se había repuesto ya de la indisposición sufrida tras el viaje desde Guatemala que había impedido que declarase el viernes.

La declaración del teniente Lorenzo Bárez ante el juez no ha trascendido. El sumario está declarado secreto. Sí se conoce que el guardia civil negó ante el juez haber inducido o haber tenido cualquier relación con el secuestro, tortura y violación sufridos por el testigo 1964 /S en San Fernando (Cádiz) el pasado 8 de noviembre.

La agresión se produjo dos días después de que el testigo protegido hubiera mantenido un careo con Bárez en el juzgado de Gómez de Liaño, a propósito de diversas implicaciones en el caso que investiga el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

El oficial, que presta servicios en la embajada española como coordinador de seguridad, estuvo destinado en Intxaurrondo (San Sebastián) en los años en los que el ahora general Enrique Rodríguez Galindo, también procesado por el caso Lasa-Zabala, era su máximo responsable.

El pasado lunes, día 11, cuando se conoció la agresión al testigo protegido, Bárez, en declaraciones a la Cadena Cope expresó sus dudas sobre la veracidad del secuestro y torturas. "Probablemente", dijo, "ya tuvieran todo preparado desde hace tiempo. Por dinero, cualquier cosa".

El oficial, desde Guatemala, afirmó que veía cosas raras en aquella historia, puesto que según su experiencia, es muy raro que en una agresión de ese tipo la víctima no salga "con la nariz partida y la boca rota", y en este caso no aparecía eso.

El testigo agredido ha sido objeto de tres reconocimientos médicos en los que constan las lesiones: quemaduras de primer y segundo grado, así como desgarro perineal. El primero fue realizado en el hospital de San Fernando (Cádiz), en el que ya constaban las quemaduras y el desgarro producido por la penetración anal con un objeto romo.

El segundo examen fue efectuado en el Hospital San Carlos, de Madrid, y es complementario del primero. Y el tercer reconocimiento lo realizó la forense de la Audiencia Nacional Leonor Ladrón de Guevara, y en el informe correspondiente también consta el desgarro perineal producido por objeto romo.

En su declaración, Bárez detalló ayer minuciosa y exhaustivamente sus relaciones con el testigo 1964 / S en Guatemala, y especificó las actividades de éste durante los siete meses que estuvo en el país centroamericano.

Al concluir la prueba, el juez mantuvo la imputación del oficial de la Guardia Civil por un delito de obstrucción a la justicia en su modalidad de coacción a un testigo, recogido en el artículo 464 del nuevo Código Penal, y en concurso con los de secuestro, torturas, lesiones y agresión sexual, es decir, los delitos que corresponden al apaleamiento al testigo 1964 / S.

A pesar de que Bárez fue detenido en Guatemala, el Fiscal Jesús Santos no solicitó su ingreso en prisión. Ni siquiera solicitó una fianza, sino que instó la libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el país y de comparecer diariamente en el juzgado. Gómez de Liaño así lo acordó. Ambos consideran que Bárez está implicado en la agresión, aunque se desconoce las pruebas que hay en el sumario. Las investigaciones que realizan la policía y la Guardia Civil no han dado resultado positivo todavía.