Hacienda cambia a la mayoría de los delegados de las autonomías

La Agencia Tributaria acaba de culminar una reestructuración a fondo de su organización territorial. Los cambios han afectado a 9 de los 17 delegados especiales de la Agencia en cada una de las Comunidades Autónomas. El proceso ahora culminado ha sido conflictivo, en especial en las delegaciones de la agencia de Cataluña, Valencia y Andalucía por motivos de toda índole, desde personales hasta políticos.

Los delegados especiales de la Agencia Tributaria son puestos básicos ya que su responsabilidad es garantizar la recaudación y gestión de los impuestos y dado que la reducción del déficit es una prioridad absoluta del Gobierno. Ahora, además, deben responsabilizarse de las relaciones con los gobiernos autónomos y poner en práctica la previsiblemente compleja gestión compartida del impuesto sobre la renta, lo que les convierte en puestos de la máxima confianza. Por estos motivos, entre los meses de julio y octubre, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y el director de la Agencia Tributaría, Jesús Bermejo, se han sumergido a fondo la organización territorial. Se ha perseguido situar al frente de las delegaciones especiales a personas de la máxima confianza que a la vez cumplieran el requisito de tener una formación técnica y una experiencia práctica, sobre todo en el área de inspección, que no pudiera ser cuestionada.El hecho de que la reorganización durara casi cuatro meses ha provocado, en el plano personal, una elevada incertidumbre por el goteo de nombramientos. Los delegados especiales de la Agencia Tributaria tienen vivienda a su disposición por lo que la expectativa abierta durante tanto tiempo de un cambio o traslado ha planteado algunos problemas de intendencia. El equipo directivo de la Agencia se ha encontrado con más dificultades de las que esperaba en algunos casos y ha preferido no hacer la reestruración en bloque para atar bien todos los cabos.

Las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria, una en cada comunidad autónoma, juegan un papel vital ya que bajo su responsabilidad está toda la recaudación y la gestión de los impuestos en el terreno del día a día. La intención ahora es reforzar esa organización porque la gran prioridad de la política económica del Gobierno es la reducción del déficit público, lo que pasa por cumplir los objetivos de recaudación y por intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

A esta tarea se une ahora otra de un fuerte calado político. Los delegados especiales de la Agencia Tributaría serán los responsables de poner en práctica el nuevo sistema de financiación autonómica en lo relativo al impuesto sobre la renta. El Gobierno del PP se juega mucho con el éxito de esta operación, ya que es el pivote del pacto de investidura y del apoyo a los Presupuestos por parte de los nacionalistas catalanes, además de tener una incidencia muy directa en todos los contribuyentes cuya declaración de la renta será aún más complicada. Esta estructura no afecta a las autonomías del País Vasco y Navarra ya que su sistema fiscal no se rige por el del llamado territorio común (el resto de las comunidades) ni a aquellas que no han aceptado el modelo de un IRPF compartido, es decir, Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha).