La Comisión Eléctrica se opone totalmente al cálculo de costes que deberán pagarse en tarifa

La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CSEN), que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha elaborado un informe muy crítico, casi vitriólico, sobre los principales criterios del Protocolo para la Reforma de la Regulación del sector eléctrico que están negociando el Ministerio de Industria y las compañías eléctricas. La CSEN manifiesta su "desacuerdo global" con la determinación de los costes hundidos o de ineficiencia de las compañías eléctricas que recogen los modelos de protocolo redactados hasta el momento, que puede conducir a un "reconocimiento excesivo de estos compromisos con la consiguiente repercusión negativa en tarifa". Estos costes de ineficiencia, que recogen inversiones obsoletas y amortizaciones que un mercado eléctrico competitivo no reconocería, deben ser pagados por los consumidores a través de la tarifa y superan, según las cuentas realizadas hasta el momento, los dos billones de pesetas.La determinación de los costes de ineficiencia, que está provocando tensiones entre Piqué y las empresas, es la pieza clave del protocolo y la contrapartida a la liberalización del sector que, en teoría, define el Gobierno.

Sobre el modelo propuesto por las compañías y el Gobierno para calcular estos costes dice exactamente la CSEN en su informe anexo a una versión del protocolo: "La CSEN expresa su desacuerdo global con el procedimiento concreto propuesto en el protocolo para la determinación y asignación de los denominados compromisos regulatorios, que puede conducir a un tratamiento discriminatorio entre tecnologías de generación y entre empresas, incentiva el ejercicio de poder de mercado y, en caso de que éste se muestre eficaz, conduce a un reconocimiento excesivo de estos compromisos con la consiguiente repercusión negativa en tarifa".

Este "desacuerdo global" está fundado en que el procedimiento para calcular dichos costes "difiere sustancialmente del enfoque básico que está siendo adoptado internacionalmente en contextos similares al español. Según este último enfoque, la cuantía de los costes varados [también conocidos como hundidos o de ineficiencia] de generación (compromisos regulatorios en la terminología del protocolo), sería básicamente igual a la diferencia entre el valor actual neto de los costes fijos de generación que sean reconocidos y el margen de los ingresos de los generadores sobre sus costes variables en el futuro marco de competencia. Los ingresos de los generadores en el mercado competitivo vienen determinados por el precio de este mercado libre, que no es fijado administrativamente".Es decir, la fijación de los costes de ineficiencia que tendrán que pagar los usuarios en tarifa durante los próximos diez años se hace de forma que se pagan no solamente los costes fijos (el coste de una central eléctrica ineficiente, por ejemplo), como se hizo en el caso de la regulación en California y otros puntos, sino que, además de esta cantidad, se carga sobre el recibo de la luz el coste variable; así, el consumidor paga también a la compañía eléctrica el beneficio esperado del funcionamiento de esa central. El ciudadano paga la reconversión del sistema eléctrico -corre con el gasto de grupos ineficientes- y, además, garantiza los ingresos de las empresas.Abunda la Comisión en este punto clave: "Fijar administrativamente (y al alza, tal como hace el Protocolo) el precio del mercado a partir del cual se calculan los compromisos regulatorios, tiene el gravísimo inconveniente de crear un fuerte incentivo para que el mercado alcance precisamente el citado precio, promoviendo el ejercicio de poder de mercado, que más bien habría que tratar de atenuar". Alude la CSEN a que el protocolo, como consecuencia de la fijación de los costes hundidos de acuerdo con el procedimiento criticado, fija el precio de mercado en 6 pesetas kilowatio hora y deja que la tarifa pague la diferencia hasta las 10 pesetas que, como media, cuesta el kilowatio hora en el sistema eléctrico español.

La CSEN propone que el término Compromiso Regulatorio sea sustituido por el de Ayudas a la Transición a la Competencia y propone que la recuperación de los costes hundidos se vincule a que las empresas aporten una estructura de mercado más satisfactoria.

El texto, entre otras críticas, considera "que el ritmo de introducción de elegibilidad para los consumidores que establece el protocolo es excesivamente lento". Además, muestra su preocupapión por el hecho de que "hasta el año 2005 no se liberalizan por completo las importaciones y exportaciones de electricidad".