Consenso OTAN

LOS TRES grandes debates parlamentarios que han marcado en los tres últimos lustros las relaciones de España con la OTAN han ido produciendo un consenso creciente, que desembocó ayer en la aprobación, por una amplísima mayoría, de la autorización al Gobierno para que negocie la plena participación de España en la nueva estructura militar de una Alianza Atlántica en proceso de profunda renovación. El final de la guerra fría y la transformación de la propia OTAN han terminado por disolver las dudas que pudieran subsistir.Los tres debates giraron más sobre la modalidad de participación que sobre la participación misma. En 1981 se rompió el consenso en tomo a la política del avestruz -no tocar el tema- cuando los diputados de UCD, con otros escasos apoyos y con la oposición del PSOE, que pedía un referéndum, autorizaron al Gobierno a aceptar el ingreso en la OTAN. En 1987, tras el trauma del referéndum, y de la mano del entonces portavoz de Alianza Popular en la materia, Miguel Herrero, un importante debate parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso produjo un amplio consenso sobre una política de paz y seguridad de España en base a los términos de la consulta. Nueve años después, PP y PSOE han intercambiado sus papeles de Gobierno y oposición para producir un consenso aún más amplio sobre una integración plena (con la excepción nuclear) y, sobre todo, convencida.

Es posible que el reconocido error de González al prometer primero y convocar luego el referéndum haya permitido que surgiese un consenso político y social que en otras circunstancias hubiera sido imposible. Es verdad que la consulta de 1986 dividió momentáneamente a la opinión pública, pero a cambio obligó a la izquierda, o a su sector mayoritario, a introducir en su agenda reflexiones y actitudes que hoy parecen obvias, pero que no lo eran hace una década.

No resultaba necesario, como ha hecho el Gobierno con un cierto voluntarismo, defender que el nuevo modelo de participación española respeta las condiciones de un referéndum celebrado en marzo de 1986. La OTAN ha cambiado tanto que, del mismo modo que en 1982 se demostró que la integración militar plena hubiera planteado muchos problemas a la Alianza y a España, quedarse fuera hubiera mermado esta vez la influencia española y la operatividad de sus Fuerzas Armadas.

Fuera del consenso se ha quedado principalmente la Izquierda Unida de Julio Anguita, aferrada a la exigencia de convocar un nuevo referéndum, y cuyas críticas al PSOE por desviacionismo atlantista y americanista suenan ligeramente trasnochadas. Que el intercambio dialéctico entre Anguita y González se produjera en sendas conferencias de prensa y no en la sesión plenaria del Congreso indica las limitaciones de un reglamento parlamentario que, en un régimen de partidos múltiples, sólo permite debatir con el Gobierno.

En cuanto a Canarias -que se convirtió en un problema por la propia inadvertencia del Gobierno en un primer momento-, resulta impensable que se desgaje estratégicamente del resto de España. Como hay varias soluciones posibles, la postura de Coalición Canaria de abstenerse, e incluso de reclamar la separación si no queda bajo un mando único español, resulta un tanto absurda, de separatismo invertido.

Equipado con este amplio consenso parlamentario -que hace innecesario todo nuevo referéndum-, el Gobierno tendrá más fuerza para negociar en la OTAN la creación de una nueva estructura y una participación en ella que satisfaga plenamente los intereses españoles. En el debate se ha echado de menos -especialmente por parte de Aznar, que ha presentado una cara en exceso tecnocrática- una mayor amplitud de miras, que permitiera calibrar mejor lo que todo esto significa en el marco más amplio del conjunto de las instituciones de seguridad en Europa y más allá. Una visión que otros, como EE UU, tienen de una España que recobra nuevo valor estratégico ante la evolución del mundo mediterráneo y adyacente, como prueba el uso autorizado ayer de bases españolas para montar un puente aéreo internacional hacia Zaire. Queda, pues, pendiente un debate general sobre la política de seguridad que actualice el decálogo de 1984, en buena parte obsoleto.