Detenido en Guatemala un guardia civil como presunto inductor de la paliza al testigo protegido

El teniente de la Guardia Civil Lorenzo Bárez fue detenido ayer en Guatemala por orden del juez Javier Gómez de Liaño como presunto inductor de la paliza sufrida el pasado viernes por un testigo protegido del caso Lasa-Zabala, según fuentes de investigación. Bárez se halla actualmente destinado en la Embajada de España en Guatemala, donde fue arrestado por otro oficial de la Guardia Civil que presta servicio en otro país centroamericano. Está previsto que el teniente detenido llegue hoy a Madrid, donde pasará a disposición del magistrado de la Audiencia Nacional.

El testigo protegido 1964/S fue secuestrado, torturado y violado el pasado viernes en San Fernando (Cádiz), apenas unas horas después de que el Ministerio del Interior iniciase los trámites para asignarle escolta.Tras conocerse la agresión, el teniente Bárez declaró a la cadena COPE que no creía que el testigo protegido hubiese sido maltratado tal y como había denunciado y lo acusó de haber preparado un montaje con el que llamar la atención y obtener beneficios gracias a la venta de entrevistas a medios de comunicación. Y añadió: "Por dinero, cualquier cosa". Bárez se negó a condenar la agresión y se jactó de que disponía de información delicada para el testigo protegido: "En el momento en que se me asegure que no violo el secreto de sumario voy a contar nuevos datos sobre ese testigo. De hecho ya he pedido a través de mis mandos una audiencia con el juez".

El teniente Bárez y el testigo protegido 1964 / S coincidieron a principios de este año en Guatemala, donde el primero era responsable de la seguridad de la Embajada de España, mientras que el segundo había viajado a ese país para llevar a cabo supuestamente una trabajo encomendado por un jefe del Cesid. El objeto de la misión no era otro, según declaró el testigo a El Mundo, que vigilar a un oficial de la Guardia Civil que "podría estar implicando los intereses de España".

El testigo protegido compareció ante el juez Gómez de Liaño el pasado 28 de agosto y relacionó a agentes del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa) con diversos casos de guerra sucia contra ETA, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983. Según fuentes de la investigación, también entregó dos cintas en las que presuntamente hay grabadas conversaciones con el oficial del instituto armado detenido ayer.

El testigo y el teniente Lorenzo Bárez mantuvieron el pasado 5 de noviembre un careo de dos horas de duración. Éste negó todas las acusaciones. Tras el enfrentamiento verbal, que en algunos momentos fue "muy duro", según fuentes de la investigación, el juez Gómez de Liaño envió al Ministerio del Interior un auto ordenando que se reforzase la protección al testigo 1964/S.

El declarante contaba desde octubre con un servicio de contravigilancia policial, que se limitaba a protegerle durante sus estancias en Madrid. Tras el careo con Bárez, regresó a su domicilio habitual de la localidad gaditana de San Fernando, donde poco después de la noche del pasado viernes fue secuestrado cuando se disponía a repostar combustible en una gasolinera. Después fue torturado y violado por tres individuos, que le abandonaron esposado con unos grilletes de la marca Alción junto al restaurante Ventorrillo El Chato.

Las investigaciones para identificar y detener a los tres agresores van "por buen camino", tanto que medios policiales creen que podrán obtenerse algunos resultados en breve.

Fuentes policiales se mostraron ayer optimistas sobre la marcha de las pesquisas, que están centradas en círculos próximos a las fuerzas de seguridad y militares, así como en personas relacionadas con la ultraderecha. En las pesquisas también participa la Guardia Civil, cuyo director general, Santiago López Valdivielso, ha expresado su firme intención de aclarar los hechos.

Mayor desea comparecer en el Congreso lo antes posible

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, comparecerá previsiblemente el próximo día 27 en el Congreso para informar, a petición propia, sobre el secuestro, torturas y violación que el testigo protegido 1964 / S del caso Lasa-Zabala sufrió hace una semana. Interior ha asignado a dos de los mejores agentes de la Comisaría General de Policía Judicial al juzgado que dirige Gómez de Liaño, y en caso necesario está dispuesto a incrementar el número de agentes dedicados a este asunto. El ministro y el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, han mantenido reuniones con el comisario general de Información, Jesús de la Morena, y con el responsable de Información de la Guardia Civil, el general Pedro Muñoz, a los que han urgido a aclarar la agresión al testigo.Mayor Oreja, que ha declarado que la investigación se llevará adelante "caiga quien caiga", desea comparecer en el Parlamento lo antes posible. Pero no podrá hacerlo antes del día 27, debido a que las fechas precedentes están ocupadas por otros debates parlamentarios. Izquierda Unida solicitó el martes la comparecencia "urgente" del ministro.

Cintas de vídeo

La policía está analizando cinco películas de vídeo grabadas por las cámaras de televisión del circuito cerrado de la gasolinera del paseo Pery Junquera, de la localidad gaditana de San Fernando, donde fue asaltado y secuestrado el testigo, un antiguo suboficial de la Armada, informa Antonio Yélamo.

Según consta en la denuncia de los hechos, el testigo fue abordado por un hombre de complexión fuerte cuando se disponía a repostar combustible en su coche. La secuencia de los hechos podría haber quedado grabada en vídeo, gracias a las cámaras de seguridad existentes en dicha instalación. La policía se ha hecho con las cinco películas grabadas durante esa jornada. Sin embargo, anduvo algo lenta en la localización e incautación de dichas pruebas, que podrían tener un resultado determinante.

Una vez publicada en la prensa la historia, redactores de Diario de Cádiz se hicieron el pasado lunes con cuatro de estas películas cedidas por el propietario de la gasolinera, Ángel Ruiz, y las tuvieron en su poder durante varias horas. Los periodistas no apreciaron nada claro en las imágenes, muy imprecisas y con muchas imperfecciones técnicas. Posteriormente, el dueño reclamó las cintas al habérselas solicitado la policía, a la que le fueron entregadas.

Ruiz considera poco probable que las cintas puedan servir para esclarecer lo ocurrido. Según explica, las cámaras están dirigidas sobre todo a la zona de las cajas, ya que es una estación de servicio automática, mientras que el secuestro del testigo se produjo en la zona donde están los aparatos surtidores.

Además, la empleada de turno estaba dentro del departamento de caja cuando ocurrieron los hechos en la noche del pasado viernes, sin que llegara a apercibirse del incidente.

El propietario de la estación de servicio recuerda que las cintas no estaban en buen estado, ya que son las mismas que se utilizan desde hace dos años, tiempo en el que lleva en funcionamiento el local.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 14 de noviembre de 1996.

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