"Legal o ilegal, me traigo a la niña rumana en cuanto me la den"

Almudena F. G. entró por primera vez en el orfanato de Bucarest en mayo de 1996. Su marido, un hombretón aragonés poco proclive a la sensiblería, casi se desploma. Ella aguantó mientras la abogada rumana le enseñaba a su niña. Tenía sólo ocho meses, pero se le debían de haber hecho eternos. Pálida, sucia, demacrada, cubierta de costras de la cabeza a los pies, con la ropa pegada al cuerpo en el fermento de su propio pis. "Si todo va bien, será para ti", le dijo la abogada. Si todo va bien, Almudena F. G. se traerá la niña a España en diciembre. La adopción será ilegal, pero eso no la detendrá. "Me da igual legal o ilegal", dice la mujer con gesto de determinación. "En cuanto me la den, me la traigo; y si luego puedo traerme tres, me traigo tres". A través de ese despacho de abogados, cada niño cuesta tres millones de pesetas, pero no es un problema para Almudena F. G. (el nombre es falso), una mujer ya madura, que se autodefine como "burguesa" y a quien el dinero nunca ha preocupado.

Su marido añade: "No vamos a renunciar a Rumania por lo que no es más que incompetencia de la Administración española; si hace falta, nos iremos de España y nos haremos ciudadanos de un país normal, que ayude a los adoptantes en vez de criminalizarlos".

Certificado de idoneidad Almudena cuenta que la casa de la abogada rumana estaba llena de parejas españolas en la misma situación: tras cinco o seis años no habían podido obtener un certificado de idoneidad para Rumania. Desde la promulgación en enero de la Ley de Protección Jurídica del Menor, la única vía legal para adoptar un niño pasa por la obtención del certificado, expedido por cualquier Comunidad Autónoma para garantizar. que la pareja está preparada psicosocialmente.

Obtenerlo es siempre lento y difícil. Y a veces imposible: la Comunidad de Madrid no ha concedido ni uno solo para adopciones en Rumania, por considerar que ese país no garantiza los derechos del menor. "Es una actitud inquisitorial", dice el marido. "Las Administraciones españolas decidieron cortar con Rumania hace un año. Pues bien, si tienen constancia de que hay allí delito, o actúan o lo están encubriendo. Que Exteriores denuncie a Rumania en los foros internacionales. Que denuncien al despacho de abogados. Yo seré el primero en colaborar".

Por un despacho de abogados de Bucarest, cuyo número, de teléfono corre de boca a oreja entre los adoptantes, es posible, eludir la tramitación de la idoneidad y conseguir un niño aprobado por el Comité de Adopción de aquel país y con el pasaporte rumano en regla. El año pasado, la adopción podía culminarse en sólo dos meses. Ahora lleva ocho o más. La Administración española ha advertido que no reconoce esas adopciones y que rehusará inscribir a los niños en el Registro Civil.

"No pueden amenazarnos con eso", dice el marido. "No, pueden negarse a registrar a la niña aduciendo que saben, sin conocernos, que no somos idóneos. El rechazo carece de base legal, y es obviamente recurrible".

La pareja se dirigió a la Comunidad de Madrid en 1991.En 1993 lograron la primera entrevista con el psicólogo. En 1994 obtuvieron el certificado de idoneidad para un país latinoamericano. El centro de adopciones de ese país les ofreció dos niños, de 8 y 9 años.

"Nos dirigimos a la Comunidad de Madrid", cuenta Almudena F. G: "La oferta latinoamericana no especificaba el sexo ni la raza, y sugerimos que queríamos una niña pequeña, y si podía ser blanca. En la Comunidad nos llamaron racistas y nos dijeron: 'Si no queréis esto, se acabó'. Fue muy desagradable. Entiéndame, una cosa es ser racista y otra no querer adoptar un niño al que luego no podría integrar. Si pudiera elegir uno rubio con ojos azules como yo, lo haría". La pareja intentó entonces iniciar trámites con Moscú, pero se encontró con que la Comunidad de Madrid rehusaba cambiar su certificado de idoneidad para hacerlo válido en Rusia. "Finalmente, le dije a mi marido: 'Vamos a adoptar en Rumania, aunque sea ilegal-'".

Contra otras versiones (ver EL PAÍS del 1 de noviembre), Almudena y otros seis adoptantes aseguran que no hay en Bucarest posibilidad de elegir un niño u otro, pagando distintos precios. Según una de estas personas, esa práctica existía hasta hace un año. Admiten que se puede sugerir el sexo, y que se entiende que los niños deben ser pequeños. El precio es, siempre, tres millones de pesetas.