El Defensor del Pueblo denuncia la masificación de las cárceles y advierte que cada vez hay mas reclusas

La Oficina del Defensor del Pueblo y sus asesores han visitado 44 centros penitenciarios de toda España y han detectado que la masificación de los reclusos sigue siendo un grave problema, así como la incidencia de las drogodependencias y las enfermedades derivadas de ellas en la salud de los presos. Además, han observado un incremento de la población femenina reclusa en los departamentos de mujeres de las prisiones de La Coruña, Alicante y Zaragoza. Durante la comparecencia de ayer en el Congreso, el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, anunció que está a punto de concluir la actualización del informe de 1991 sobre el estado de las prisiones. El Defensor del Pueblo pretende tener listo este informe para antes de fin de año y presentar sus conclusiones ante la comisión mixta Congreso-Senado en una convocatoria especial que podría celebrarse en la segunda cámara, donde nunca ha comparecido.El examen de su informe correspondiente a 1995, ampliamente difundido, volvió a convertirse en una dulce jornada parlamentaria. Lejos de las críticas que afloran en cualquier otra presentación ante las cámaras, los miembros de la comisión mixta Congreso-Senado acostumbran a prodigar alabanzas a los gestores de la Institución. Ayer, como en años precedentes, se cumplió el guión. La vispera, los portavoces de la comisión habían compartido mantel a mediodía en el restaurante Jai Alai con Álvarez de Miranda y el Defensor del Pueblo Europeo que está de visita en España.

Ya en el Congreso, Alvarez de Miranda mostró su plena conformidad con las críticas formuladas por el Consejo General del Poder Judicial al proyecto de ley de secretos oficiales elaborado por el Gobierno de José María Aznar. Las materias reservadas, en su opinión, deben estar sometidas a control judicial o parlamentario -a través de una- comisión ad hoc- a los que se les reconozca el acceso a todos los documentos, salvo aquellos que el Consejo de Ministros "de manera motivada los niegue".

Cree Álvarez de Miranda que cualquiera que sea el modelo de la nueva ley de secretos oficiales "deberá tener como última referencia las garantías que exige todo estado de Derecho, sin que puedan existir zonas de impunidad en ningún caso". La legislación vigente -preconstitucional- puede llegar a "vulnerar derechos fundamentales relativos a la tutela judicial efectiva y a la utilización de medios de prueba pertinentes para la, defensa, así como el deber de colaborar con la Justicia o incluso impedir el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales".

Por último, reiteró sus puntos de vista sobre la inmigración ilegal, el servicio militar, el retraso de los tribunales o, la protección de datos personales.