Los consumidores pagaran dos billones mas por la ineficiencia de las compañías eléctricas

La negociación del protocolo eléctrico entre el Gobierno y las compañías eléctricas está tocando a su fin; el documento se firmará probablemente la próxima semana. El nudo de la discusión está en el cálculo de los llamados costes hundidos o costes de ineficiencia que, al no ser reconocidos en un mercado de libre competencia, deberán ser pagados por los usuarios a través de la tarifa. El cálculo de tales costes ronda los dos billones de pesetas -incluidos los 700.000 millones de la moratoria nuclear-, pagaderos a 10 años, con carácter no revisable; los consumidores pagarán estos costes en el recibo de la luz con una rebaja menor de la tarifa, entre siete y ocho puntos menos por año durante un decenio.

El protocolo eléctrico, acuerdo entre el Gobierno y las empresas eléctricas, se firmará probablemente la próxima semana. La discusión más importante, una vez admitido el principio de liberalización del mercado eléctrico a partir de 1998, con la determinación del coste del kilovatio hora a través del mercado (con sensibles restricciones), se centra en determinar la cuantía de los llamados costes por ineficiencia (stranded costs), es decir, los costes de las compañías que un mercado competitivo no reconoce. En el estado actual de la discusión, se reconoce un coste por ineficiencia de 2,4 billones, que se pagarán a las eléctricas en el plazo de 10 años. Esta cantidad recoge el coste de la moratoria nuclear, evaluado en 700.000 millones, y al que se destina el 3,54% de la tarifa eléctrica.En los términos actuales del protocolo, sujeto a negociación y, por lo tanto, a variación, los costes de ineficiencia se pagarían en un decenio; pero bien entendido que el Gobierno incluirá un coeficiente de reducción para incorporar la mejora gradual en la competitividad de las empresas que lógicamente debe producir un recorte de dichos costes; así que tales costes pueden bajar de los dos billones.

En términos matemáticos, el reconocimiento de los dos billones como compromiso regulatorio o pago de la ineficiencia produce un aumento de la tasa de hasta, como mínimo, el 20% (ahora sería teóricamente del 3,54%, suponiendo como stranded cost simplemente la moratoria nuclear). En la práctica, no habrá un crecimiento de la tarifa, puesto que el aumento de ese coste será absorbido por el aumento de rentabilidad generado por el mercado competitivo a través de la reducción de otros costes. ¿Quién paga pues el exceso entre los 700.000 millones y los dos billones, supuesto que esa sea la cifra final? El consumidor, pero a través de una reducción mucho menor de tarifas de la que eventualmente se produciría sin esas ineficiencias reconocidas. Con el marco regulatorio vigente, la tendencia anual de variación de tarifa es del IPC menos tres puntos; en un marco competitivo, la rebaja estaría entre siete y ocho más por año. Cada punto de la tarifa equivale a 20.000 millones.

La definición de costes hundidos o de ineficiencia es sencilla: los costes fijos no recuperados con los precios del mercado. Se pueden citar las amortizaciones, la remuneración de la inversión y algunos extracostes derivados de las centrales de carbón.

En el estado presente de negociación, el Gobierno introduce un factor de ayuda al carbón a través de un recomendación para que las compañías lleguen a acuerdos de suministro a largo plazo con las empresas mineras; esta recomendación puede ser entendida como una contradicción con uno de los principios ya pactados del protocolo: libertad total para elegir el combustible de generación eléctrica. Esta recomendación pretende abrir un posible vía de salvación al carbón, sujeto a una reducción paulatina de las ayudas públicas.

El protocolo incluye un pacto de reducción anual de tarifas según la siguiente secuencia: descenso nominal del 3% en 1997; recorte nominal del 2% en 1998 y del 1% en 1999.

En la actualidad, los consumidores pagan varias ineficiencias. El 4,86% de los más de dos billones que se ingresan anualmente se destina para ayudas al carbón; el 3,54% de la tarifa paga la llamada moratoria nuclear, es decir, las inversiones excesivas de las compañías en generación nuclear; el 0,25% financia el stock de uranio; el 1,2% es para el tratamiento de residuos radiactivos; el 0,3% se dedica a la inversión electrotécnica... Además, el 0,2% de la tarifa paga el funcionamiento de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.