Es tiempo de cambiar el rumbo

Hace un año, España aún tenía la oportunidad de colocarse en la cabeza de los países en lo que se refiere a las telecomunicaciones. Disponía de una de las mejores compañías del mundo en términos de productividad y dinamismo -Telefónica de España- capaz de competir en mercados abiertos y con ganas de hacerlo, como estaba demostrando en Suramérica, y que, además, no estaba lastrada ni por la condición de organismo público -como era frecuente en el continente europeo- ni por excesos de plantilla imposibles de resolver a corto plazo.En aquel momento, el número de países que habían abierto sus mercados a la competencia eran muy pocos, pero ya estaban meridianamente claras las ventajas de hacerlo tanto para los consumidores, en forma de fuertes descensos de los precios y mejora del servicio, como para los propios operadores, otrora monopolistas, en forma de mejoras de competitividad, dinamismo y hasta resultados, siendo el ejemplo más palmario el del Reino Unido, donde una compañía con una pésima reputación en calidad, servicio y rendimiento se había convertido en un líder mundial en eficacia y rentabilidad.

Desgraciadamente, hace dos años el Gobierno español había optado exactamente por la vía contraria a la apertura del mercado de las telecomunicaciones, decidiendo que Telefónica debía ser protegida de la competencia internacional y que debía impedirse o dificultarse en la medida de lo posible tanto la aparición de nuevos operadores -de aquí la negociación de un periodo transitorio de cinco años previo a la liberalización y la imposición de una fuerte compensación para la segunda licencia de telefonía móvil- como la aparición de nuevas redes alternativas a la de Telefónica -y de aquí las trabas al desarrollo del cable-

Aquel Gobierno concibió un proyecto que compatibilizara la necesidad de satisfacer las presiones liberalizadoras de la Comisión Europea con el deseo de minimizar la competencia. Consistía en establecer un duo polio mediante la creación de un segundo operador controlado por el sector público -al igual que el primero- y que en principio operaría sobre las redes de Telefónica.

El nuevo Gobierno retomó aquel proyecto, pero aparentemente desde una perspectiva legítimamente liberalizadora. En primer lugar, el segundo operador no sería de - mayoría pública sinoprivada. En segundo lugar, no se pretendía restringir la aparición de redes alternativas, sino que se anunció que se procedería a la concesión rápida de las licencias del cable. Además, parecía que los operadores de cable podrían ofrecer telefonía para hacer más atractivas las enormes inversiones necesarias y para introducir aún más competencia en el mercado. Este modelo, como el anterior, descansaba sobre la base de un periodo de competencia restringida en el que tanto el segundo operador como los de cable tendrían tiempo de consolidarse antes de la plena liberalización. Para aprovechar menor el escaso tiempo disponible, el Gobierno optó por definir el modelo mediante la fórmula de urgencia del decreto ley.

Desde la aprobación de aquel decreto ley hasta hoy han transcurrido seis meses pletóricos de novedades en lo que se refiere a las telecomunicaciones, tanto desde la perspectiva política como tecnológica y estratégica, y aunque la confusión es aún grande, una cosa parece clara: el modelo ya no es válido, y el Gobierno comete un gran error en querer mantenerlo contra viento y marea.

El modelo ya no es válido porque España no dispondrá de un periodo transitorio lo suficientemente largo como para que se consolide ningún operador. Además, el precio que se está pagando para prolongar ese periodo durante uno o dos años (a comparar con los 12 de Reino Unido) es el cortar las alas de la expansión de Telefónica en Europa. Por otro lado, se pretende privilegiar un segundo operador frenando la introducción de Telefónica en el mundo del audiovisual y la del operador de cable -que contrariamente al segundo operador, sí debe realizar cuantiosas inversiones-, en el de la telefonía -sin la cual el cable es inviable-.

Si la liberalización se pospone hasta 1999, y hasta ese momento ni Telefónica puede ofrecer audiovisuales ni los operadores de cable telefonía, no hay duda de que el resultado más probable será el siguiente: el cable no se desarrollará porque ni Telefónica ni nadie tendrá suficientes incentivos para hacerlo, el segundo operador no podrá consolidarse porque ni tendrá tiempo para hacerlo ni después dispondrá de infraestructuras alternativas a las de Telefónica. Todos, en síntesis, saldremos perdiendo, y España habrá perdido irremediablemente aquella oportunidad que tuvo hace un año.

Sin embargo, las condiciones son favorables para un cambio de rumbo, y hacerlo no requiere sino proceder a reescribir aquel decreto ley que precipitadamente el Gobierno aprobó hace medio año, y que precisamente ahora se está tramitando como ley ordinaría en el Congreso de los Diputados.

Lo primero que hay que hacer es renunciar al periodo transitorio y liberalizar el 1 de enero de 1998, como harán todos los países europeos a los que aspiramos a emular. El primer beneficiado será Telefónica -que podrá finalmente incorporarse a Unisource y ofrecer audiovisuales-, y el segundo el consumidor.

Pero liberar a Telefónica de toda restricción internacional o en. los audiovisuales no significa que no deba favorecerse la competencia, y en particular promover la creación de un segundo operador fuerte donde tengan oportunidad de estar presentes los capitales españoles que no lo están en Telefónica. La viabilidad de esos operadores ya no depende del periodo de competencia restringida, sino el establecimiento de unas condiciones de interconexión -o sea, de utilización de la red de Telefónica por parte de terceros- razonables, y éste es el segundo aspecto crucial que debe resolver eI texto que salga de las Cortes.

Por último, el nuevo texto debe impulsar definitivamente la creación de redes de cable, y para ello debe eliminarse toda ambigüedad sobre los servicios de telefonía y sobre la asignación de frecuencias de microondas para completar su extensión territorial.

En resumen, aún es posible que el Gobierno se salga del callejón en que se ha metido y que lo haga de manera que las telecomunicaciones no continúen en el estado de parálisis en que se encuentran. Existe la oportunidad, pero requiere flexibilidad y coraje. Esperemos que el Gobierno no confunda estas virtudes con la tozudez.

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