Los socialistas piden que la ley de videovigilancia no incluya grabaciones dentro de las viviendas

El PSOE, el PNV y CiU pretenden que el Gobierno modifique el proyecto de ley que regulará la videovigilancia y que se debatirá esta semana en el Congreso. Los socialistas proponen que no se graben imágenes dentro de viviendas y que la comisión que autorice las cámaras en lugares públicos no esté formada por jueces, sino por fiscales. El PSOE y CiU defienden que las grabaciones se destruyan en un mes, salvo que ayuden en un proceso judicial ya abierto.

A juicio de los redactores de las enmiendas socialistas, el proyecto del Gobierno no garantiza el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos y puede suponer una grave intromisión en la intimidad de las personas. El PSOE no se opone a la videovigilancia, sino que quiere extremar las garantías de su uso.Aun estando de acuerdo con el principio que inspira esta ley, los socialistas vana enmendar casi todos los artículos y hasta la exposición de motivos. El PSOE propone la supresión de la posibilidad de grabar sonido por considerar "que esta intromisión en el ámbito de los derechos a la intimidad y a la propia imagen es inconstitucional".

En lo que se refiere, a la grabación dé imágenes, el PSOE la limita al objeto realmente necesario para garantizar la seguridad ciudadana "sin rebasar y ampliar, como se hace en el proyecto del Gobierno, el campo de intromisión en los derechos a la intimidad y a la propia imagen".

La utilización de videocámaras en la vía pública "deberá ser realizada de tal suerte que no visualice, en ningún caso, imágenes del interior de las viviendas ni de sus vestíbulos, salvo que se disponga de autorización judicial", añade.

El PSOE enmienda totalmente el artículo relativo a la autorización de las instalaciones fijas y móviles y pide que queden sujetas al dictamen "de un órgano colegiado presidido por un miembro del Ministerio Fiscal y en cuya composición no serán mayoría los miembros dependientes de la Administración que autoriza".

En este mismo capítulo, los socialistas plantean que las instalaciones fijas sean autorizadas por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de que se trate, previo informe de una comisión cuya presidencia corresponderá al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad o a un miembro del Ministerio Fiscal designado por éste.

Esta insistencia en que sean fiscales y no jueces quienes tengan en su mano la autorización responde, según el PSOE, al deseo de no caer "en la confusión entre poderes" y en la lesión a la imparcialidad objetiva que comporta.

Los socialistas quieren aquilatar más las hipótesis para el empleo de videocámaras y en lo referente a lo que el proyecto del Gobierno engloba como "riesgo". "La utilización [de videocámaras] exigirá la existencia de un riesgo real para la seguridad ciudadana, en el caso de las [videocámaras] fijas, o de un peligro concreto en el caso de las [videocámaras] móviles".

El PSOE propone que las grabaciones sean destruidas en el plazo máximo de un mes, "salvo que estén relacionadas, con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública o con un procedimiento judicial o administrativo abierto".

Límites al sonido

Varias de estas propuestas coinciden con las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y por Convergència i Unió (CiU).Los nacionalistas catalanes proponen que sólo puedan ser grabados sonidos cuando se trata de acompañamiento de imágenes y que las cintas sean destruidas "en el plazo máximo de un mes desde su captación", salvo las excepciones previstas.

Para aumentar las garantías jurídicas, solicitan que la autorización para hacer uso de videocámaras quede limitada a un plazo de tiempo y, además, se detalle "expresamente cuál es el ámbito que puede ser objeto de captación".

Otra de las enmiendas de CiU exige que quede prohibida "la obtención de imágenes en el interior de vehículos o en el interior de locales de negocio". Asimismo, reclama que se señale "quién debe tener la responsabilidad de la destrucción de las grabaciones cuando se hayan obtenido de manera accidental".

Por su parte, el PNV quiere matizar que los promotores de manifestaciones habrán de responder de los daños que los participantes causen a terceros sólo si no hubieran puesto todos los medios a su alcance para evitar que tales daños se produjesen.