"Presunciones gratuitas" sobre los 'papeles del Cesid ', según Serra

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, calificó ayer en el Senado de "presunciones gratuitas" las de quienes sostienen que en los documentos del Cesid que el Gobierno se ha negado a desclasificar hay indicios de criminalidad sobre la guerra sucia contra ETA. Según Serra, dichas afirmaciones se basan en el desconocimiento del contenido concreto de los documentos, precisamente por su carácter secreto y "no gozan de ningún aval".En respuesta a una interpelación de la senadora de Eusko Alkartasuna Inmaculada Boneta, Serra dijo que los indicios de criminalidad "están fuera de los papeles del Cesid, pues de otra forma los jueces no ha brían podido procesar a varios antiguos responsables del Ministerio del Interior en el caso GAL. "El procesamiento se produjo sin necesidad de tener los papeles", afirmó, "eludiendo la paradoja de que los jueces solicitaron unos documentos que ya poseen, porque fueron incautados en la celda del ex jefe operativo del Cesid, Juan Alberto Perote, con el único propósito de que el Gobierno los autentificara.

"Los jueces deben buscar la verdad, pero no por cualquier medio", enfatizó Serra, quien recordó que "la ley impone límites". Entre dichos límites, citó la proscripción de la tortura para obtener confesiones o el secreto profesional reconocido a periodistas, médicos, abogados o sacerdotes.

Decisión firme

La senadora vasca interpeló al ministro sobre la actitud del Gobierno ante el acuerdo del Parlamento de Vitoria del pasado día 11, que reclamaba la entrega a los jueces de los documentos del Cesid. Serra expresó el "máximo respeto" del consejo de ministros ante el acuerdo de la cámara vasca, pero también la "firmeza" de su decisión de no desclasificar los papeles, en uso de una competencia que le reconoció en exclusiva la resolución del Tribunal de Conflictos del pasado 14 de diciembre.El titular de Defensa recordó que, en todo caso, dicha decisión está sub júdice, ya que debe pronunciarse al respecto la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante la que recurrió la acusación del caso GAL. Una vez que el Supremo se pronuncie, agregó, el Gobierno "obrará en consecuencia". Serra ha dejado así de lado su propia posición, favorable a aplicar el artículo 105 de la ley de lo contencioso-administrativo, que permite al Gobierno no aplicar una resolución judicial firme en supuestos excepcionales, si el Supremo ordenara la desclasificación de los documentos. "Ni en lo más lejos del ánimo del ministro de Defensa [está] decir que no se acatará o que se declarará en rebeldía frente a los tribunales", aseguró. La postura del Gobierno contó con el respaldo del PP, del PSOE y CiU y con la oposición de PNV y Grupo Mixto.