Altos cargos, altas cargas

La tribu de los jíbaros acostumbraba a reducir las cabezas de sus víctimas, en las selvas de Ecuador; y el socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid aquel día de noviembre de 1992, no tuvo inconveniente en echar mano de estos indígenas como ejemplo adecuado para descalificar a su opositor, Alberto Ruiz-Gallardón: "Usted quiere disminuir el gasto reduciendo como los jíbaros la cabeza de los directores generales". El PP asumió tamaña tarea en sus mensajes de las últimas campañas electorales, y se comprometió a que menguase la cabeza de la Administración, que consideraba plagada de altos cargos, con sus correspondientes asesores, un "despilfarro" presupuestario. A día de hoy, sin embargo, aquellos jíbaros incluso han agrandado algunas cabezas, y no han logrado sus objetivos, ni mucho menos ahorrar los "70.000 millones" previstos (sino sólo 362 millones); sí han jibarizado a los subdirectores generales, por ejemplo, mientras por otro lado agrandaban el personal eventual al servicio de La Moncloa. En Presidencia, estos trabajadores de confianza han pasado de 104 -los que escogió el equipo de Felipe González- a 164 -tal cifra suman quienes trabajan ahora al son de José María Aznar-, según los datos extraídos de los Presupuestos para 1997. En ellos constan 2.735 millones destinados a ese personal que se nombra a dedo, frente a los 2.677 millones de 1996. El PP había prometido reducir este capítulo. Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior Una sala del Ministerio de Educación acoge los retratos de todos los ministros del ramo desde la etapa de la dictadura. Analizada con detenimiento, constituye toda una fotografía de los terremotos Políticos de los dos últimos tercios de este siglo de la historia de España. Sólo los cinco años de Gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD, presidida por Adolfo Suárez) aportaron más ministros que los casi 14 años de gobiernos socialistas e incluso que los 35 años de dictadura. Las convulsiones políticas y las continuas crisis ministeriales de los gobiernos de UCD tuvieron un reflejo en la Administración. Así, el partido centrista no consiguió consolidar, una clase política propia en la Administración, y muchos de sus altos cargos los heredó el Gobierno socialista surgido de las urnas en 1982, que la cristalizó en sus casi 14 años de mandato. No lo tuvo difícil. La estabilidad de sus primeros diez años de mandato -con mayorías absolutas- consiguió la cooperación de numerosos funcionarios de alto nivel, no comprometidos con ninguna sigla concreta pero sí con la consolidación democrática de España, todavía entonces con el recuerdo reciente del intento de golpe de Estado. Tras la victoria electoral del PP, asistimos a la remoción de esa clase política anclada en la Administración y que se consolidó en la etapa socialista.

5.000 altos cargos eliminables

La bandera favorita que el partido de Aznar esgrimió en su política de oposición en materia de función pública significó un ataque contra la toma de la Administración por los socialistas, retratada como una abusiva proliferación de altos cargos con su consiguiente despilfarro. El PP llegó a prometer que eliminaría 5.000 altos cargos con el consiguiente ahorro de varios miles de millones -en sus frecuentes quinielas llegó a barajar la cifra de 70.000 millones, y hasta 120.000 dijo el diputado Manuel Núñez-, lo que tendría un efecto sensible en la reducción del déficit. Según el estudio elaborado por Núñez y explicado en el Parlamento, la Administración socialista había producido una multiplicación innecesaria de puestos directivos, al crear la figura de subdirector general adjunto y una serie de jefes de área, vocales, asesores, consejeros técnicos y jefes de unidad, todos ellos con nivel de director general y la mayoría de designación directa. Para el PP, el aumento de altos cargos y la multiplicación de organismos, "además de mostrar la hipertrofia administrativa, demuestra también el grado de politización de la Administración pública, porque, a la postre, todos los cargos mencionados tienen una consideración política y han sido nombrados por libre designación entre funcionarios adictos y también entre no funcionarios". La cifra mágica de 5.000 altos cargos reducibles, manejada por el PP, era deliberadamente confusa. Mezclaba en el concepto de altos cargos a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, subdirectores generales y hasta los niveles más altos del organigrama del funcionariado como los 30, 29 y 28, correspondientes a diplomáticos, abogados del Estado, inspectores de Hacienda. A estas alturas, Gobierno y oposición ya hablan un lenguaje más común en esta materia y se han puesto de acuerdo en que el concepto de alto cargo abarca exclusivamente a los comprendidos entre ministro y director general; esto es, a quienes han de ser nombrados por el Consejo de Ministros. Con esta clasificación, es cierto que la entrada de los socialistas al Gobierno hizo crecer la cifra de altos cargos: de 352 en 1982, a 401 en 1990. También aumentó el número de funcionarios en el conjunto de las administraciones públicas, de 1.393.340, en 1982, a 1.981.670 según los últimos datos de 1996. Los socialistas argumentan este crecimiento en que su llegada al Gobierno coincide con la expansión del Estado del Bienestar. Enrique Guerrero, ex secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, explica que la política expansiva del Gobierno socialista en materias como sanidad, educación, seguridad social e infraestructuras para alcanzar los niveles europeos acarreó ese crecimiento de la Administración Pública. En España el empleo público rayaba muy bajo y hoy representa el 14,5% del total. En la mayoría de los países europeos el porcentaje es superior: Alemania, el 15,2%; y Francia, el 25,4%. Los datos salen de un informe del Ministerio de Administraciones Públicas de enero de 1996. La fílosofía con la que el PP alcanzó el Gobierno en mayo de 1996 difería mucho de la que defendió el PSOE, y el momento político también era muy distinto. Amplios sectores del PP propugnan el Estado mínimo y prefieren que la iniciativa privada compita con la pública en áreas clave del Estado del Bienestar como la Educación y la Sanidad. Pero su ideología va con la corriente del momento político: se impone la reducción del gasto público para cumplir con los objetivos de Maastricht. Con todos esos criterios, el PP promete en su campaña electoral, además de una drástica disminución de los altos cargos y el consiguiente ahorro del gasto público, una reducción del personal eventual -ahí entran los asesores-, que trata de combinar con una profesionalización de la Administración; y, por último, la negativa a que sus altos cargos cobren por su participación en los consejos de administración de las empresas públicas. No obstante, el PP al poco de llegar al Gobierno comprendió que las expectativas elaboradas por sus responsables de esa área, Manuel Núñez y Gabriel Cisneros, rodaban por los suelos. El ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, que heredó la patata caliente, reconoció enseguida que más que hablar de una drástica reducción de altos cargos había que racionalizar la Administración. Y destacó que por vez primera un Gobierno acometía una reforma sin aumentar sus efectivos. No obstante, la apuesta más importante de Rajoy radica en la reforma de la Administración periférica (direcciones, provinciales de los ministerios) con el desarrollo de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), para el próximo año. En fin, la anunciada reducción de altos cargos se limitó a una poda de directores generales, que pasaron de 316 a 250; y el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el del 2 de agosto, redujo la cifra de subdirectores generales de 1.490 a 1.345. El ahorro por estos conceptos no supera los 400 millones, muy lejos de los cálculos manejados en campaña. Los Presupuestos para 1997 prevén un gasto de 8.118 millones en altos cargos, frente a los 8.480 millones de 1996, sin contar Seguridad Social y empresas públicas. El cálculo matemático da, por tanto, 362 millones de ahorro. Algo similar ha sucedido con la promesa del PP en la oposición de reducir la cifra del personal eventual y asesores con los que contaba la Administración socialista. El presupuesto de personal eventual para 1997 es de 2.735 millones, frente a los 2.677 millones de 1996. El Gobierno del PP, lejos de ahorrar en gasto por el número de asesores, lo ha acrecentado en 58 millones. Este aumento está ligado a acuerdos del Consejo de Ministros como el del pasado 31 de mayo por el que cada una de las dos vicepresidencias del Gobierno pasó a fijar diez asesores y ocho secretarias frente a los cuatros asesores y seis secretarias de la única vicepresidencia anterior. El Gobierno argumenta que, con la fijación de un tope legal para asesores y secretarias, se regula por vez primera este nivel de la Administración. Igualmente, la cifra de funcionarios de La Moncloa ha aumentado de 42 586 (además de que el personal eventual de la Presidencia se ha disparado de 104 en el Presupuesto de 1996, a 164 en el 1997). Una parte cualitativamente importante de este aumento, procede del área de Comunicación que el Gobierno de Aznar ha potenciado. Pese a una primera poda de direcciones generales, el Consejo de Ministros está creando organimos y, con ellos nuevos altos cargos. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones decretada en junio, supuso la creación de siete direcciones generales. Posteriormente se ha implantado la Comisión Control de Privatizaciones, pendiente aún de regulación. También están a la espera de concretar nuevos organismos públicos como el de Gestión de Infraestructuras Ferroviarias de Carretera. Tampoco el Gobierno del PP ha cumplido su promesa de negar a sus altos cargos la percepción de retribuciones por su participación en los Consejos de Administración. Por ejemplo, en 1994 una enmienda del PP a los Presupuestos del Gobierno socialista -que la rechazó- decía: "Con efectos del 1 de enero de 1994 los altos cargos y funcionarios que se refieren en las leyes 25/83 y 53/84 respectivamente dejarán de percibir cualquier tipo de retribución en concepto de asistencias a las reuniones de órganos colegiados de Administración de Empresas con capital o control públicos". Hasta el momento, al menos, 135 altos cargos de la Administración del Partido Popular asisten a Consejos de Administración y perciben retribución por ello. El reajuste de altos cargos por la base, sobre todo a escala de directores generales y subdirectores generales, es denunciado por numerosos miembros de la Administración saliente como una maniobra del PP para marginar, a los funcionarios que considera más colaboradores del Gobierno socialista. "Se están tomando decisiones arbitrarias y arbitristas", dice uno de ellos. Para este interlocutor, la principal medida arbitraria ha consistido en suprimir todas las direcciones generales de servicios, decisión adoptada en el primer Consejo Ministros de José María Aznar. Otras denuncias de arbitrariedad se refieren a la eliminación de las comisiones.

Al menos 135 altos cargos de la Administración del PP asisten a consejos de administración y perciben retribuciones por ello

de servicios en el Ministerio de Educación. Y el arbitrismo lo concretan en el trato otorgado a los ex altos cargos de la anterior Administración. Estos funcionarios de carrera que ocuparon puestos de relevancia con el PSOE ingresan automáticamente en la función pública, según la legislación vigente. Tienen derecho a su sueldo, a su antigüedad y a dos tercios del complemento específico, que disfrutarán, también de forma automática. Sin embargo, su destino profesional no parece tan claro. Depende de la decisión de sus superiores. La mayoría de los 400 altos cargos de la Administración saliente -desde ministros a directores generales- son funcionarios. El 50% aproximadamente ha regresado a sus actividades anteriores, como en el caso de los docentes universitarios o diplomáticos. Algunos de estos últimos han hallado salidas dignas: el último ministro de Exteriores socialista, Carles Westendorp, desempeña el cargo de actual embajador de España en la ONU; el ex secretario de Estado de Cooperación internacional Miguel Ángel Carriedo ha sido nombrado embajador en Suráfrica. Pero una segunda mitad de ex altos cargos se ha reincorporado a la Administración con serios problemas. "Diría que existe un interés limitado en que nos reincorporemos a la vida normal. Es frecuente nuestra indefinición profesional, que en unos casos raya la clandestinidad. Un alto porcentaje carece de despacho o en mejores casos hay que compartir uno entre varios", dice unob de ellos. Hay situaciones para todos los gustos. Por ejemplo, algún director general que fue confirmado por la nueva Administran del PP y a quien a los pocos días se envió a casa. O algunos a quienes se cambia de función drásticamente, como, por ejemplo, Federico Montero, secretario general de Presupuestos, que ha elaborado más de media docena de ellos, y al que la Administración del PP le ha nombrado técnico de la Fiscalía Anticorrupción. Pero también se producen casos más chuscos como el del ex director general de la Guardia Civil Ferran Cardenal. Inspector de Trabajo de carrera, ha reingresado en esa función y visita las obras que ha de inspeccionar con la compañía de sus escoltas (determinados altos cargos de riesgo mantienen la protección policial ' una vez que han dejado su puesto). También se dedica a inspeccionar obras el ex subsecretario de Administraciones Públicas, y también ex secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó. Los gobiernos autonómicos han servido como vía de escape para algunos ex altos cargos. Es el caso de José Tanco, un experto en financiación autonómica que ahora trabaja en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, gobernada por el socialista Manuel Chaves. Un informe del PSOE apunta que unos 400 profesionales de alto nivel en servicios centrales -Incluyendo niveles profesionales 28, 29 y 30 (el máximo)- están sin cometido pero percibiendo sus retribuciones. Los socialistas creen que es un error marginarlos. Un portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas señala que es lógico que el Gobierno del PP no cuente con funcionarios muy comprometidos con el anterior Ejecutivo en tareas muy sensibles relacionadas con la Presidencia del Gobierno, la Oficina Prespuestaria o los gabinetes de los ministerios. No obstante, los reajustes más importantes se han producido en los ministerios de Trabajo y Agricultura. En Agricultura, cayeron 48 subdirectores generales de una tacada. En Medio Ambiente, el pasado jueves fueron nombrados 20 subdirectores de golpe. La "profesionalización" de la función pública precisamente hasta el cargo de subdirector general ha quedado en entredicho. Y no se trata de que esos cargos se hubieran politizado previamente, en la etapa socialista: los ceses más numerosos se han producido en direcciones provinciales de ministerios: se ha sustituido a 106 delegados, más de la mitad de ellos asignados al Ministerio de Trabajo y al Instituto Nacional de Empleo (Inem).