Amenaza y disparate

NADIE QUE haya visto por televisión el resumen de la intervención de Karmelo Landa sobre los presos de ETA dudaría de que ese dirigente de HB estaba amenazando a alguien cuando dijo que "han expirado todos los plazos y entramos en la cuenta atrás". Que eso lo diga el portavoz del brazo político de la organización que tiene secuestrado a un funcionario de prisiones desde hace nueve meses, y cuya liberación aparece condicionada al reagrupamiento de los presos, otorga a la amenaza un acento especialmente siniestro. Al abrir diligencias contra él la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco no ha hecho sino aplicar la ley.Si, como ha afirmado el otro portavoz de ese partido, Floren Aoiz, se le ha entendido mal, y su intención no era amenazar a nadie, que lo aclare así ante el juez, como tendría que hacer cualquier otro ciudadano. Como debería hacerlo, por ejemplo, ese otro dirigente de HB que ayer mismo amenazó al diputado vasco del PP Carlos Iturgaiz con seguir acosándolo -llevan semanas concentrándose ante su domicilio, donde han pintado una diana con su nombre en el centro- hasta que se sienta "tan agobiado como los presos".

Se entiende que HB intente utilizar el asunto del acercamiento-agrupamiento de los presos de ETA para dividir a los demócratas. Menos entendible es que algunos partidos democráticos secunden ese intento. Sobre todo, porque es un conflicto artificial: los partidos están de acuerdo en el acercamiento de los presos, aunque haya algunas divergencias sobre los ritmos y modalidades de aplicación. El argumento de Mayor Oreja es que el criterio de acercamiento no puede significar el agrupamiento en unos pocos centros -en el País Vasco sólo hay tres cárceles- que favorezca el control de los presos por los comisarios políticos de ETA. Es un criterio razonable que hasta hace poco compartía el PNV. Y por mucho que lo repitan unos u otros, no dejará de ser falso que el Gobierno esté incumpliendo la legalidad.

El artículo 12 de la Ley General Penitenciaria y el 9 del Reglamento Penitenciario recomiendan diversas medidas tendentes a evitar "el desarraigo social de los penados", una de las cuales sería su localización en cárceles próximas a su lugar de residencia; pero siempre en la perspectiva de favorecer su reinserción social, a la que se oponen con todas sus fuerzas los que asesinaron a Yoyes. La ley recomienda al respecto un "tratamiento individualizado" y el traslado al "establecimiento cuyo régimen sea más adecuado" para la reinserción de cada recluso (artículo 63 de la ley y 241 del reglamento). El acercamiento sin reagrupamiento y con tratamiento caso por caso propuesto por Mayor Oreja podrá ser discutible, pero es respetuoso con esos criterios.

Por otra parte, todos admiten que la competencia penitenciaria es del Gobierno, que ha consultado a las instituciones vascas antes de decidir. En estas condiciones resulta incomprensible el empeño por convertir el asunto en un conflicto institucional, prodigando frases como que el Gobierno "insulta a los vascos al negarse a acercar a los presos". A no ser que de lo que se trate sea precisamente de debilitar como sea al Gobierno central para obtener ventajas en otras cuestiones que el Ejecutivo vasco está negociando.

Sólo en ese contexto se explica que alguien tan razonable como el lehendakari Ardanza aproveche la confusión para insinuar que el Gobierno acentúa su déficit de legitimidad en Euskadi al no asumir lo decidido por una comisión del Parlamento vasco. Más allá de la negociación del concierto, la cuestión es cómo piensa Ardanza que interpretarán esa contraposición entre legitimidades los que mantienen secuestrado a Ortega Lara. Los mismos que han intentado asesinar en al menos cinco ocasiones a su consejero Atutxa.