Garzón inculpa al jefe del Cesid en el 'caso GAL' por no facilitar la identidad de agentes secretos
El juez Baltasar Garzón ha citado para hoy al director general del Cesid, Javier Calderón, como imputado por un presunto delito de encubrimiento, tras negarse a revelar la identidad de cinco agentes. Garzón investiga el supuesto secuestro y muerte de un mendigo en el sumario del caso Oñederra, primera víctima de los GAL. Calderón no acudirá hoy al juzgado, pues se encuentra en Noruega, como ya comunicó al también juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa y Zabala, que lo había citado ayer como testigo. Quien sí declarará hoy como imputado, tanto ante Garzón como ante Gómez de Liaño, es el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano.
Javier Calderón fue nombrado director del Cesid el pasado 24 de mayo, por lo que no puede tener relación alguna con los hechos que se investigan, que datan de julio de 1988. Sin embargo, Garzón le imputa un delito de encubrimiento, por la negativa del director a revelar las identidades de cinco de sus agentes.El juez se dirigió recientemente al máximo responsable del Cesid para que le dijera a qué miembros o ex miembros del centro corresponden los alias Ureña, Don Emilio, Losada, Porto y Zarca. Dichos sobrenombres fueron publicados los pasados días 17 y 18 de septiembre por el El Mundo, que los relacionó con la llamada Operación Shuto, que habría consistido en el secuestro de tres mendigos para probar un anestésico que posteriormente se aplicaría al dirigente etarra Josu Ternera.
Calderón contestó al juez que no podía darle dicha información, ya que la identidad de los agentes del servicio está protegida por la Ley de Secretos Oficiales. Esta respuesta habría servido a Garzón para citarle como imputado por un presunto delito de encubrimiento.
Reunión en Noruega
La citación a Calderón para que comparezca hoy ante Garzón resulta especialmente sorprendente, dado que el director del Cesid ya comunicó al también magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño que no podía acudir ayer a declarar como testigo, pues durante toda la semana se encuentra en Noruega, participando en una reunión de los responsables de los servicios secretos europeos.Gómez de Liaño citó a Calderón basándose en el escrito que el director entregó a tres agentes del centro de información que comparecieron el lunes y martes de esta semana ante el instructor del caso Lasa y Zabala.
Los tres testigos, dos hombres y una mujer, eran dos miembros de la secretaría de Juan Alberto Perote, en los tiempos en que éste dirigía la Agrupación Operativa del Cesid, y el responsable del área del terrorismo del servicio secreto en la misma época.
Los agentes no se negaron a declarar, pero sí a responder preguntas relacionadas con su actividad en el centro. A tal efecto, exhibieron ante Gómez de Liaño un escrito firmado por Calderón en el que les recordaba que la legislación vigente reconoce a los funcionarios el derecho y el deber a no prestar declaración sobre asuntos clasificados como secretos. A la vista de este escrito, Gómez de Liaño citó a Calderón como testigo pero, debido al viaje oficial del director del Cesid, su declaración ha quedado pospuesta hasta el próximo lunes.
La llamada a Calderón ha venido acompañada por la de su antecesor al frente del servicio secreto Emilio Alonso Manglano. Ya se sabía que Manglano, que declaró como testigo ante Gómez de Liaño el pasado 14 agosto, tendría que comparecer hoy como imputado ante el instructor del caso Lasa y Zabala.
Ayer, sin embargo, trascendió que Garzón también lo había citado como imputado. Según fuentes de la Audiencia Nacional, Garzón imputaría a Manglano un presunto delito de conspiración para el secuestro y el homicidio; lo que supondría que el juez da por cierta la historia del uso de los mendigos como cobayas, informa También está citado para hoy, según las mismas fuentes, el coronel Juan Alberto Perote, así como otros cuatro agentes del Cesid supuestamente relacionados con la Operación Shuto, todos ellos en calidad de imputados. No obstante, ayer no se pudo confirmar que hubiera llegado a la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), donde está recluido desde septiembre de 1995, la citación a Perote.
Respecto a la de los cuatro agentes del Cesid, las fuentes consultadas se extrañaron de que el juez haya podido imputarles sin conocer su identidad.
Salto cualitativo
La imputación del actual máximo responsable del Cesid provocó ayer numerosas reacciones. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, afirmó que "a nadie se le oculta que es un salto cualitativamente importante". No obstante, agregó, en una democracia no hay que dramatizar porque se llame a una persona como imputado y habrá que esperar acontecimientos.Para Willy Meyer, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia e Interior, la decisión de Garzón es "lógica" ya que "el responsable de una institución puede tener la oportunidad de conocer si se ha cometido algún hecho delictivo en ella".
Andrés Ollero, portavoz del PP en la misma comisión del Congreso, dijo que su partido respeta "cualquier resolución judicial, sea quien sea el sujeto pasivo de la misma". Agregó que la opinión de su grupo "no va a depender del contenido o del litigio por el que un juez se pronuncie".
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