Los comunistas franceses, indignados por la acusación judicial contra sus líderes

El Partido Comunista francés (PCF) reaccionó ayer con virulencia al procesamiento por "tráfico de influencias" de sus dos máximos dirigentes, el secretario nacional, Robert Hue, y su antecesor, Georges Marchais. Hue se declaró "indignado" y clamó su inocencia, mientras cientos de militantes acudían a la sede del partido para expresar su solidaridad. "Nuestras cuentas son transparentes", declaró Hue, quien negó todo delito y habló de "ataque deliberado" contra los comunistas.

La acusación contra Hue, Marchais, el tesorero Pierre Sotura y otro medio centenar de personas están relacionados con la presunta atribución de contratas públicas a la Compagnie Générale des Eaux (CGE) en los ayuntamientos dominados por el PCF. El mecanismo es muy similar al utilizado por los socialistas (cuyo ex primer secretario Henri Emmanuelli ya fue condenado) y por gaullistas y liberales, cuyos sumarios se instruyen con mucha más lentitud: facturas falsas y entrada de dinero desde una filial de la compañía de servicios a través de una publicación del partido, el diario L'Humanité en el caso del PCF. Según el juez, los ingresos ilegales rondaron los 15 millones de francos (unos 375 millones de pesetas).

El procesamiento de Hue y Marchais sienta un precedente alarmante para toda la clase política francesa. Hasta ahora, los sumarios abiertos por financiación ilegal habían recaído sobre las espaldas de tesoreros y secretarios de finanzas. En el caso del PCF, Marchais es procesado en su calidad de secretario nacional entre 1984 y 1994, la época en que supuestamente se produjo el delito. Hue, el actual dirigente máximo, es procesado como ex presidente de la federación de cargos públicos del PCF.

Si esta tesis sentara jurisprudencia, los sumarios abiertos por financiación ilegal contra la Reagrupación por la República (RPR) deberían desembocar en el procesamiento de su fundador y ex presidente, Jacques Chirac.