Industria propone a las eléctricas liberalizar el sector en cinco años

El Ministerio de Industria presentó a las empresas eléctricas el pasado día 9 de octubre un documento titulado Protocolo de bases para el establecimiento de una nueva reforma del sistema eléctrico nacional, que diseña la transformación del sector, para lo que propone un plazo mínimo de cinco años hasta alcanzar la plena liberalización. El documento consta de cuatro partes: competencia, liberalización de las energías primarias, acceso de las eléctricas a la red de gasoductos y nuevo sistema tarifario.

El Protocolo de bases elaborado por el ministerio de Josep Piqué, desarrolla cuatro apartados básicos. El primero de ellos se refiere al marco de competencia de las empresas eléctricas y la relación que debería establecerse entre la amortización de los activos industriales dedicados a la generación eléctrica y el papel de las empresas puramente distribuidoras en el conjunto del mercado. El desarrollo de este nuevo diseño de competencia entre las empresas servirá para reformar el actual marco estable, el mecanismo que equilibra el sector a base de retribuir de forma especial los altos costes de algunos activos nucleares. La empresa más afectada por este cambio será sin duda la empresa pública ENDESA, presidida por Feliciano Fuster, y que el Gobierno tiene intención de privatizar.El protocolo integra además otros tres puntos: la liberalización de los precios de las energías primarias -carbón, fuel, gas y nuclear-; el tratamiento futuro de los autogeneradores, es decir, las empresas que producen eléctricidad con sistema de cogeneración, y el acceso de las eléctricas a las fuentes del gas natural; y finalmente, el marco tarifario resultante de esta transformación. Si, como esta previsto, la Administración y el sector firman dentro de dos semanas este documento marco, el protocolo servirá además para reformar la Ley del Sistema Eléctrico, que en la actualidad define las reglas de juego del sector. La puesta en práctica de este cambio empezará a mediados de 1997.

En la transformación del sistema tarifario del sector eléctrico es donde el documento tendrá un mayor desarrollo, y su redacción definitiva deberá prever algunos aspectos del actual marco estable porque son prácticamente intocables. La composición de la tarifa eléctrica española -las empresas ingresan unos dos billones de pesetas por este concepto- tiene una serie de costes intocable que dependen de la subvención de las energías primarias, como el carbón, y de la amortización de los activos nucleares que han quedado inactivos tras la moratoria dictada por el Gobierno, socialista. Son las llamadas externalidades, cuyo peso en el conjunto de la tarifa es casi del 40% del total.

Enormes deudas

Además, las compañías mantienen unas deudas enormes -Fecsa, 450.000 millones de pesetas; Unión Fenosa, más de 700.000 millones; Iberdrola, más de 500.000, etcétera- desde que realizaron las inversiones nucleares en los años setenta. Así pues, la imposibilidad de las empresas para enjugar estas deudas a corto plazo y las externalidades citadas seguirán pesando en la tarifa; por tanto, los precios de la electricidad en España seguirán siendo, de momento, precios intervenidos. Esta lección de realismo, que el Gobierno ha aceptado finalmente tras una fase de consultas con el sector, aplaza asimismo la retórica liberalización de los precios de la energía. Lo recoge el espíritu de este protocolo al plantear con realismo las cuestiones pendientes, y precisamente por este mismo motivo ha sido recibido satisfactoriamente por las empresas.El apartado referido al futuro de los autogeneradorses será especialmente controvertido. Industria trata aquí de alcanzar un consenso con los operadores energéticos en torno al acceso a los gasoductos. En el último decreto gasístico del Gobierno se restringía el acceso a las redes de gas a grandes empresas; en concreto, las eléctricas y sólo para su propio consumo.