Problemas de frontera

ESPAÑA Y Marruecos intentan una vez más resolver los dos problemas que más empañan actualmente las relaciones vecinales: el control de la inmigración ilegal y el narcotráfico. A ese objetivo central ha respondido la reciente visita a Madrid del ministro del Interior marroquí, Dris Basri, que sigue a la realizada en julio pasado a Rabat por su homólogo español, Jaime Mayor Oreja. La puesta en funcionamiento de una comisión mixta y de procedimientos de colaboración y acciones en común puede facilitar una resolución pronta y consensuada de estos conflictos concretos.El control de la inmigración ilegal desde Marruecos a España -tanto la procedente de otros países africanos como la propia que se aventura en pateras a través del Estrecho- ocupa en los últimos años un lugar preferente en la escala de preocupaciones políticas del Gobierno español. A España le incumbe la responsabilidad de controlar la frontera exterior del sur de la Unión Europea. De ahí que no pueda contemplar impasible cómo la zona del Estrecho o los puntos fronterizos de Ceuta y Melilla se convierten en un coladero de inmigrantes ilegales hacia los países europeos.

Los responsables de Interior en España parecen haber tomado nota de la desgraciada experiencia que culminó con la expulsión de 103 inmigrantes ilegales de Melilla en julio pasado, y han comenzado a adoptar medidas que suponen una seria rectificación del tradicional modus operandi gubernativo. De entrada, las autoridades españolas han decidido ejercer un mayor control en la frontera hispano-marroquí de Melilla. Pero es necesario enfrentarse in situ a los problemas legales y humanos que plantean estos inmigrantes desde el momento de su llegada, con medidas como su inmediata identificación, su sometimiento de manera individualizada a las leyes de Extranjería o de Asilo, según proceda, y su admisión o expulsión dentro de los plazos establecidos.

Tampoco España puede sentirse tranquila viendo cómo la droga -hachís- procedente del otro lado del Estrecho llega en cantidades cada vez mayores. No le falta, sin embargo, razón a Marruecos cuando sitúa parte importante del problema en la demanda de hachís que existe en la rica Europa y reclama ayuda económica de la UE para reconvertir los campos de cannabis del Rif.

De una actitud más positiva del Ministerio de Justicia depende también que se firme un acuerdo para que los presos españoles en cárceles marroquíes -más de dos centenares, y en su mayoría por causas vinculadas al tráfico de drogas- puedan cumplir sus penas en establecimientos penitenciarios en España. Sin duda, pocos serán los presos marroquíes que pidan volver a su país de origen a cumplir sus sentencias. Pero, a pesar de esta desigualdad y coste económico para España, este asunto debería progresar por consideración humanitaria hacia nuestros ciudadanos. Por otra parte, Marruecos, en su proceso de democratización y apertura, lenta pero progresiva, está interesada en la cooperación española con vistas a montar un aparato electoral efectivo y fiable. Es una cooperación que debemos prestar.