Los jueces dan la razón al alcalde que derribó una edificación ilegal

Antonio Rodríguez del Barrio, ex alcalde socialista de Torres de la Alameda (3.800 habitantes), ahora en la oposición, actuó "conforme a derecho". El Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón en su orden de demoler en mayo de 1993 una construcción ilegal, propiedad de Guillermo Puebla, número dos de una candidatura independiente con sólo un concejal.

Aquel derribo causó una enorme polémica en el pueblo. Cuando se intentó demoler la edificación, unos 300 vecinos se concentraron frente a las máquinas excavadoras para impedirlo. Puebla consideraba que la orden de demolición era una revancha de Rodríguez del Barrio por haber encabezado protestas públicas contra él. La Guardia Civil tuvo que intervenir para que él acuerdo municipal fuese cumplido. Y llegaron los tribunales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso interpuesto por Puebla. Además, los jueces hacen un relato de los diversos intentos de Puebla para legalizar la edificación. Y escriben: "Viendo [Puebla] frustrados sus propósitos [de legalización de la obra], solicita licencia para la instalación de una caravana portátil, con lo que se inicia un nuevo proceso de tramitación". Pero le fue denegada, "no obstante, e incumpliendo el decreto de suspensión de obras, el señor Puebla continuó las obras de manera pertinaz".

Según Rodríguez del Barrio, "los jueces han confirmado que la actuación municipal fue excelente, que las obras eran ilegales y que no hubo ningún revanchismo". El ex regidor considera que la sentencia es una muestra más de que los procesos judiciales eran una estrategia para que perdiera las elecciones".

El actual alcalde, Francisco Acedo, del PP, resta importancia a la sentencia. "La acato. Lo que los jueces han fallado es que el proceso administrativo que se siguió en este caso estaba bien hecho. ¡Faltaría más que ahora tuviéramos que pagar veintitantos millones de indemnización por culpa de Rodríguez!".