Cuando la propia justicia incumple la ley

Hace más de 10 años, Francisca Llabrés Pujol era auxiliar administrativa en la secretaría de la Sección 4 a de lo Penal de la Audiencia de Barcelona. En esas dependencias, algunos magistrados y compañeros suyos fumaban, y Francisca no podía soportar el humo. No se trataba del malestar habitual de los no fumadores hacia los pertinaces consumidores de nicotina, sino de una alergia aguda al humo. En otras palabras, Francisca enfermaba.Primero fueron peticiones y ruegos. Pero en 1985, tras aprobarse en Cataluña la ley que prohibía fumar en las oficinas públicas, Francisca decidíó plantear lo que ella consideraba lógico: "Que en el Palacio de Justicia se cumpliera esta ley". Iniciar esa guerra le costó acabar siendo expulsada en 1989 por acuerdo del Consejo de Ministros.

Siete años y medio más tarde., el Tribunal Supremo ha anulado aquel acuerdo, y el Ministerio de Justicia está tramitando el abono de los salarios que la funcionaria no ha percibido. Francisca calcula que debe cobrar unos 13 millones de pesetas. "Lo injusto es que el dinero tenga que salir del erario público y no de las personas que impidieron que yo ejerciera mi derecho al exigir el cumplimiento de una ley. Estoy segura de que, si hubiera sido la reclamación de cualquíer empleado, los tribunales le hubieran dado la razón. Lo malo es que yo me enfrenté a los jueces", relata.

El Supremo no entra en el fondo de la cuestión en su sentencia de mayo, sino que anula el acuerdo del Consejo de Ministros con un complejo razonamiento técnico-jurídico sobre la validez de las decisiones de la Sala de Gobierno de la Audiencia de Barcelona. La funcionaria dirigió su primera solicitud al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona -figura ya desaparecida- el 27 de enero de 1986.Pedía el traslado a la secretaría de gobierno de la Audiencia, "donde el consumo de tabaco era inferior". La respuesta fue negativa. Un mes más tarde insistió, y esta vez la contestación fue el traslado al archivo general- de la Audiencia. Allí estuvo casi un año, hasta que la directora del archivo comunicó a la presidencia de la Audiencia que Francisca no podía estar en ese departamento por ser auxiliar administrativa. Pero, sobre todo, porque la funcionaria no estaba de acuerdo con las condiciones higiénicas de su puesto de trabajo, donde los insectos y la suciedad eran inseparables de los viejos legajos judiciales. La versión de la afectada es que las compañeras del archivo dieron con una particular forma de hacerle luz de gas: encender cigarro tras cigarro.

El asunto se enmarañó, y la Sala de Gobierno acabó abriendo un expediente de incapacitación a Francisca. Eso ocurrió en marzo de 1987, y el fiscal propuso trasladar a la funcionaria a la oficina de información del Palacio de Justicia. Pero ¿correspondía o no a un auxiliar administrativo ocupar ese puesto?, se preguntó la Sala de Gobierno. Como tenían dudas, decidieron consultar al Ministerio de Justicia. La respuesta fue que sí.

Empezó entonces un galimatías judicial entre los recursos de la funcionaria y las respuestas de la Sala de Gobierno. Reclamaciones y acuerdos pasearon por los despachos del Ministerio de Justicia y los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante ocho meses, Francisca se negó a ir a trabajar: "Era un desafío, como me dijo un juez, y tenía razón. Pero yo estaba decidida". Finalmente, el Consejo dio la razón a la funcionaria el 4 de mayo de 1988 y dispuso su regreso al archivo. Allí se incorporó, pero la Sala de Gobierno ya le había abierto un expediente disciplinario por abandono injustificado".

La propuesta de separación de servicio se tomó el 11 de julio de 1988, y el acuerdo del Consejo de Ministros se produjo en marzo de 1989. Desde esa fecha, Francisca dejó de ser funcionaria de Justicia. "Decidí ir hasta el final y recurrí la expulsión al Tribunal Supremo, al tiempo que solicitaba que me reincorporasen a un juzgado de Málaga, pues, allí trasladé mi domicilio hace seis anos cuenta.

El Supremo declaró nula la expulsión, y el 28 de agosto el Ministerio de Justicia dispuso su reincorporación. Pero en Barcelona. "De nada ha servido pedir una plaza en Málaga", explicaba la funcionaria el lunes ante el Palacio de Justicia. Ese día tomó posesión y pidió automáticamente el cese. Su vida, ocho años después, está en Málaga, y no en Barcelona.