Perote dice que no puede acreditar la autenticidad de los 'papeles del Cesid'

El ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid Juan Alberto Perote asegura que no puede acreditar la autenticidad de los supuestos documentos secretos incautados en su celda si el Gobierno no procede antes a su desclasificación. En una carta publicada ayer por Diario 16, Perote expresa "la imposibilidad de certificar la autenticidad de los documentos si no se me muestran los originales". Además, afirma haber declarado reiteradamente ante los jueces que no le consta que "algún miembro del Cesid participara en actividades violentas contra ETA".Perote aprovecha la misiva para desmarcarse de las noticias escándalosas publicadas recientemente con base en supuestos documentos suyos. Así, asegura que la información sobre el uso de mendigos para experimentar con un anestésico que se pensaba aplicar presuntamente a un etarra "es falsa" y que en el chalé que el Cesid tenía en Aravaca (Madrid) "nunca se hicieron grabaciones ocultas" a altos cargos hasta que abandonó el centro en noviembre de 1991.

El antiguo agente secreto limita sus declaraciones ante los jueces a la supuesta elaboración en el Cesid de la llamada acta de los GAL y de un sello con. el anagrama de la organización terrorista, así como la nota de septiembre de 1983 en la que se avisaba del inicio de acciones violentas en el sur de Francia. Insiste, en todo caso, en atribuir cualquier responsabilidad a su entonces. superior, el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano.

Por otro lado, Jesús Santaella, abogado de Perote y del ex banquero Marió Conde, ha presentado ante el Tribunal Militar Central una declinatoria de jurisdicción para que el sumario abierto con el ex directivo del Cesid por sustracción de documentos secretos pase a un juzgado ordinario de Madrid o al juez de la Audiencia Nacional Baltasár Garzón.

La petición de Santaella de que la jurisdicción militar se inhiba supondrá un nuevo retraso del juicio militar contra Perote, que estaba previsto celebrar esté mes, después de qué el fiscal presentase sus conclusiones provisionales, en las que reclama 10 años de cárcel.