El Gobierno pide moderación salarial y recorta el gasto público para conseguir la moneda única

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, entregó ayer en el Congreso sus primeros Presupuestos. Son también los primeros que concretan la política económica del PP y los decisivos para que España forme parte de la moneda única europea. Con este objetivo se recorta el gasto público en términos reales, se eleva la recaudación por encima del crecmiento de la economía y se pide moderación salarial. Los Presupuestos exigen "un esfuerzo razonable", explicó Rato, y persiguen garantizar la recuperación económica y la creación de empleo, gracias a "un nuevo clima de normalidad política".El gasto público se reduce en términos reales por el recorte en inversión pública, la rebaja de gastos corrientes y la congelación de sueldos de los funcionarios. La recaudación por impuestos más cotizaciones sociales crece por encima de la economía, pese a lo cual el Gobierno asegura que la presión fiscal se mantiene. Del sector privado se espera un gran esfuerzo inversor y la moderación de los salarios para que se reduzca la inflación y bajen los tipos de interés.

"El Gobierno apuesta por un mayor margen de neutralidad en la política monetaria, por la transparencia y el rigor en la política presupuestaria y por el mantenimiento de la cohesión social", afirmó Rodrigo Rato ayer en el Congreso. En su opinión, los Presupuestos "son fruto de la estabilidad política y tienen el respaldo de previo de los acuerdos en materia de pensiones y de financiación autonómica". Permitirán a España "adentrarse en el horizonte europeo" y generan "confianza entre los ciudadanos y en los mercados financieros", concluyó.

Las cuentas presentadas ayer cifran el déficit no financiero del Estado en 2,008 billones de pesetas (el 2,5% del PIB), los ingresos en 16,090 billones (6% de incremento) y los pagos en 18,099 billones (un 1,7% de crecimiento). Hay que tener en cuenta que la comparación con respecto a 1996 no es con las cifras que figuraron en el Presupuesto prorrogado de este año: hay 138.000 millones menos de ingresos y no se tiene en cuenta el recorte de 200.000 millones decidido por el actual Gobierno.

El Presupuesto consolidado (Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y entes públicos) eleva en un 6,1% los ingresos y en un 2,1% los gastos. Tanto las cifras consolidadas como sólo las del Estado revelan que el ajuste presupuestario para el año próximo se basa en un crecimiento de los gastos por debajo de la inflación prevista (el 12,6%) y un aumento de los ingresos totales igual o superior al crecimiento nominal de la economía previsto (6%).

El esfuerzo en los gastos se traduce en que la inversión pública sufrirá un fuerte recorte (-6,5% en el Presupuesto, consolidado, -7,3% en el del Estado). Los gastos de personal aumentan un 1,6% y un 1,9% respectivamente (por los deslizamientos) y los gastos corrientes disminuyen un 6,3% y un 9,9% en cada caso. Pese a todo ello, Rato aseguró ayer que el Presupuesto apuesta por la modernización de las infraestructuras, eleva el Presupuesto de Sanidad en un 13% y garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.

El ajuste en los ingresos se plasma en un fuerte crecimiento del impuesto de sociedades (8,5% gracias al aumento de los pagos a cuenta), del IVA (8% por la recuperación esperada del consumo) y del impuesto sobre la renta (6,8% por el aumento del empleo y la lucha contra el fraude).

Este Presupuesto se construye "de forma realista", según Rato, sobre la base de un crecimiento de la economía esperado del 6% nominal y del 3% real (descontada la inflación). Se espera un fuerte avance de la inversión privada (6,9%) pese al recorte en la pública y gracias al descenso de tipos de interés. Y se confía en que el consumo privado crezca más, deprisa (2,7%) gracias al aumento del empleo (2/o) y pese a la "contención salarial, como uno de los elementos básicos", según Rato.

Medio billón en avales

El proyecto de ley de Presupuestos para 1997 incluye, por otra parte, la obligación de que el conjunto de gastos comprometidos en 1997 no podrán superar al final de año los créditos iniciales, con excepción de los extraordinarios y suplementos aprobados por las Cortes y los generados por ingresos previos. Esta medida, ya ensayada por Gobiernos anteriores con resultados discutibles, no incluye los créditos definidos como ampliables, por ejemplo, los destinados a pagar los intereses de la deuda pública.Además, el Gobierno llevará a cabo una política de mayor transparencia en las cuentas de las empresas y entes públicos. La asunción de deuda de estos organismos se limita a 140.000 millones de pesetas en 1997, que es la cuantía que vence el año que viene por compromisos de ejercicios anteriores. La mayor vigilancia de la Comisión Europea en relación a las cuentas de los Estados miembros exige que esta cantidad se refleje en el déficit de Maastricht (contabilidad nacional) y que no se diluya. Se permite a estas empresas y en es endeudarse de nuevo por valor de poco más de medio billón -una cantidad similar a la de años anteriores- con aval del Estado.