Manglano llevó a un notario "amenazas" de Santaella de sacar el 'caso Mengele'

Jesús Santaella, abogado de Mario Conde y del coronel Perote, trasladó en 1995 un mensaje al teniente general Emilio Alonso Manglano, ex director del Cesid, que éste interpretó como una amenaza. Santaella le dijo, a través de su abogado, Luis Rodríguez Ramos, que debía declarar al juez Garzón que Felipe González supo el nacimiento de los GAL. Si no lo hacía, destaparía asuntos del Cesid aún no divulgados, como el caso Mengele. Manglano llevó a un notario el relato de los hechos, como prueba de posibles delitos de "amenazas condicionales y contra la Administración de Justicia", aún sin denunciar.

El relato del acta notarial, reconstruido con testimonios de personas conocedoras del mismo, es el siguiente:El 5 de septiembre, el abogado del ex director del Cesid recibió una llamada del juzgado de Garzón. Querían saber el domicilio de Manglano para citarle al día siguiente como imputado en uno de los atentados de los GAL, el caso Monbar. Paradójicamente, cuando se iba a dar respuesta a tal consulta, el juzgado informó que, en realidad, la citación ya había sido remitida al ministerio de Defensa.Extrañado, Rodríguez Ramos llamó telefónicamente a Jesús Santaella, defensor de Perote, quien ya había declarado como imputado en el sumario Monbar. El abogado del teniente general le consultó si sabía algo sobre tal citación y Santaella vaticinó para Manglano "una declaración de alto riesgo" y que podía acabar con el ex director del Cesid en "la prisión militar de Alcalá-Meco". Ante tan alarmante aviso, Rodríguez Ramos, se desplazó al despacho de su colega. Ya cara a cara, Santaella reiteró a Rodríguez Ramos el "alto riesgo de la declaración" que Manglano debía prestar al día siguiente ante Garzón.

Acta fundacional

El abogado de Perote le informó que la declaración de Manglano versaría sobre la llamada acta fundacional de los GAL, "que alguien aportaría" -efectivamente, la entregó ese mismo día sorpresivamente Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos implicado en el caso- y sobre una nota de despacho sobre el inminente comienzo de acciones de los GAL en el sur de Francia entregada por Perote a Manglano, quien anotó sobre ella "PTE. para el viernes". (Manglano sostiene que significa "pendiente para el viernes" y Perote lo traduce por "para despachar con el presidente el viernes".

Pero el abogado de Conde no se limitó a informar. Hizo ver a Rodríguez Ramos que Manglano "tenía que reconocer que había despachado ambos documentos con Felipe González, quien por lo tanto era conocedor del nacimiento y del inicio de las actividades de los GAL".

Santaella entró luego en un terreno que no sonaba a consejo: si Manglano no implicaba a González, "se acordaría inmediatamente después de su declaración, esa misma tarde, su prisión provisional, y sería conducido desde la sede del juzgado a Alcalá-Meco; tendría que padecer un careo frente a su defendido, Perote, inmediatamente después de su declaración; se vería en la situación humillante esa misma tarde ante el juez y el fiscal de tener que hacer un cuerpo de escritura indubitada para una futura prueba pericial caligráfica y, además, se sabría todo lo relativo a otros dos asuntos relacionados con el Cesid aún no divulgados". En concreto, citó el caso Mengele (supuesta experimentación con mendigos de una droga destinada a narcotizar y secuestrar a Josu Ternera), extremo que no se precisó en el acta. Por contra, Santaella auguró que si Manglano implicaba a González en los GAL "se libraría de la prisión preventiva, no sería imputado en el procedimiento y sería congruente con la realidad de que el Gobierno le había abandonado".

Al día siguiente, Manglano acudió ante Garzón. El ex director del Cesid no implicó al presidente en la guerra sucia. Ausente el fiscal habitual de Garzón, Pedro Rovira, no se materializó la prisión de Manglano ni la prueba pericial, pues el teniente general reconoció como propia la anotación, pero sí el careo y la difusión de los secretos.

Rodríguez Ramos, consultado sobre esta información, no negó ningún extremo, pero declinó entrar en otros pronunciamientos sin permiso de su cliente. EL PAÍS requirió sin éxito la versión de Santaella.