Gómez de Liaño cita a la esposa de Galindo para indagar si se enriqueció de forma ilícita

El juez Javier Gómez de Liaño ha citado para declarar, hoy por la mañana, a la es posa del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, María Fernanda Álvarez de Sotomayor, con el fin de interrogarla sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia. El magistrado ha recibido documentación de entidades bancarias y de la Guardia Civil acerca, de los bienes y del sueldo que cobraba el general. La Cadena SER, que citaba fuentes del Ministerio del Interior, informó ayer que se fían detectado ingresos irregulares de Rodríguez Galindo de más de tres millones de pesetas mensuales, además de la compra de acciones que no aparecen en la declaración de la renta del general.

La comparecencia de la esposa se produce en calidad de testigo, aunque ha sido advertida de que vaya acompañada de abogado por si su condición cambia a la de imputada en el curso de la declaración.La citación se produce en el sumario que investiga el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ocurrido en 1983, y en el que el general se encuentra procesado como presunto autor de los hechos.

Galindo, en una espectacular comparecencia pública en el despacho de su abogado, Jorge Argote, desmintió rotundamente que haya percibido ingresos al margen de su sueldo en la Guardia Civil.

Vestido con traje azul marino, camisa celeste y corbata de seda estampada, el general leyó con voz monocorde un escrito para lamentar que el pago a sus desvelos en la lucha antiterrorismo haya sido un proceso que le ha llevado a la cárcel a él y a algunos de sus subordinados. Calificó de "incomprensible" la citación a declarar de su esposa y afirmó, que asumirá siempre todas sus responsabilidades."Por Dios y por mi honor"

Concluida la lectura, Rodríguez Galindo se quitó lentamente las gafas, levantó la vista y dirigiéndose al medio centenar de periodistas que le escuchaba, afirmó en tono emotivo: "Ante la noticia escandalosa e injuriosa de última hora [el presunto cobro irregular de tres millones al mes], ante ustedes, que es como hacerlo ante mi pueblo y delante de los 70.000 guardias civiles que componen mi cuerpo, tres de los cuales son hijos míos, juro por Dios y por mi honor que dicha información es completamente malvada, totalmente falsa y absolutamente mendaz".

Acto seguido abandonó la sala sin contestar preguntas. A la comparecencia ante los medios de comunicación se impidió el acceso a los representantes del diario El Mundo y de Euskal Telebista, la televisión pública de Euskadi. Argote aseguró que sería una cruel ironía la presencia de estos medios por el tratamiento que han dado al caso Lasa-Zabala.

En el escrito, Galindo asegura que como pago a su "esfuerzo, entrega y dedicación total en la lucha contra el terrorismo, por la libertad de mi patria y por la vida de los españoles, la democracia y el ordenamiento constitucional ha recibido "la ingrata situación de un proceso judicial" en el que están incursos él mismo, algunos de sus subordinados y el que fue su gobernador civil. Precisa que ni él ni ninguno de ellos sienten "ni un gramo de responsabilidad en los hechos de que se les acusa".

El general se pregunta si el juez va a llamar también a declarar a sus hijos, y pide a sus compañeros que combaten ahora el terrorismo que no cejen en su esfuerzo, aunque puedan algún día verse en un trance parecido. "Que no cale en ellos la desmoralización de pensar que, como consecuencia de su servicio, puedan ser sus familias llamadas a declarar a un juzgado como testigos o incluso como imputados".Identidades falsas

El juez Gómez de Liaño investiga hace tiempo el patrimonio de Galindo y otros procesados por el caso Lasa y Zabala en bancos, cajas de ahorro y entidades financieras, algunas de las cuales ya han respondido. Las pesquisas no se circunscriben a las posesiones y cuentas que figuran a su nombre y al de su esposa. Afectan a los bienes que puedan existir bajo otras 16 identidades que ambos han podido utilizar.

Las identidades que se investigan son las siguientes: José Antonio Berasain Manterola, Juan Martín Otazu Izaguirre, Eugenio Álvarez Pérez, María Luisa de la Torre Tavira, Manuel Bernal Arizada, Alejandro Etxaniz Garay, Luis Ignacio Murua Olaizola, Carmen Illanamendi Cadenas, María Albizu Damborena, María Cruz Mendizábal Etxeberría, Concepción Díaz Martiarena, Jesús María Ijurco Orbegozo, y cuatro supuestas hermanas, María Izaskun, Miren, Elisabete y Venancia, Eizaguirre Eguiguren.

Según fuentes jurídicas, algunas identidades pueden corresponder a personas fallecidas, mientras otras eran los nombres supuestos que tenía asignados por razones de seguridad. La policía dispone desde junio de 1996 de estas identidades, de las que investiga su participación en transacciones inmobiliarias y movimientos financieros.

El general asegura que todo su patrimonio se basa en su sueldo, en el ahorro "y en las inversiones realizadas, algunas de ellas en valores recomendados por los bancos", además de un ingreso extraordinario de 12 millones con los que fue indemnizado por una sentencia judicial contra Euskal Telebista (ETB). Respecto a las inversiones, agrega que "prácticamente todas" las hizo en sendas cuentas que tenía en los bancos Hispano-Américano y Bilbao de San Sebastián, ya canceladas.