Aznar mantendrá su decision de no entregar los documentos pese al auto de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional no va a hacer cambiar a José María Aznar. El Gobierno no va a revisar su decisión de no levantar el secreto de los famosos papeles del Cesid, el servicio secreto militar español, que podrían, acaso, ayudar a aclarar la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Aznar fue contundente ayer: "El Gobierno ha tomado una decisión que no tiene previsto someter a revisión". Los socialistas salieron en tromba con su secretario general, Felipe González, para apoyar al Gobierno en su decisión sobre los papeles del Cesid y, de paso, pedir al poder judicial que respete al ejecutivo.

Aznar dejó claro que no se revisará la negativa a entregar los documentos a los jueces, a reserva de que se produzca un mandato expreso, porque "otra cosa", dijo en una conferencia de prensa con el jefe de Estado de Venezuela, Rafael Caldera, "son las decisiones de los tribunales".La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el martes un auto en el que defiende que los documentos secretos puedan ser utilizados como prueba ante los tribunales y considera "impensable" que se dejen (le castigar delitos graves "por la sola voluntad, irrevisable, de un poder del Estado". Secunda así al juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, cuya petición de documentos fue rechazada el 2 de agosto por el Ejecutivo.

"Normalidad"

La iniciativa del tribunal fue recibida por el Gobierno, comentó Aznar, "con la misma normalidad" con que acoge otras resoluciones judiciales. A continuación citó a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, quién también afirmó anteayer que todo delito debe ser castigado. "Naturalmente, es la justicia la que debe encargarse de que ningún crimen, si es que lo hay, quede impune", recalcó el presidente del Gobierno.

¿Y que pasará si el Tribunal Supremo se pronuncia también a favor de la desclasíficación de los famosos documentos? Aznar fue algo evasivo en su respuesta: "Lógicamente, el Gobierno lo estudiará y verá qué es lo que el Tribunal Supremo hace en su momento, pero no vamos a revisar la decisión tomada".

El jefe del Gobierno justificó largo y tendido la "decisión tomada" antes de :sus vacaciones de no levantar el secreto de los documentos, que, añadió, "no era la más fácil". Se adoptó "desde el análisis de la conveniencia para el país" y con el propósito de "prestar un servicio a la democracia y a nuestro país".

Los socialistas multiplicaron, a su vez, las declaraciones de aprobación y apoyo al Gobierno de Aznar en esta materia. Cristina Alberdi, ex ministra y antigua vocal del Consejo General del Poder Judicial, llegó a sugerir sanciones para los jueces que critiquen al Ejecutivo, en referencia al auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los socialistas y los populares siguen de la mano en todo lo que se refiere a secretos de Estado. Unos y otros han recibido con idéntico desagrado tanto el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el apoyo del fiscal al juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa Zabala, para que llame a declarar a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

González dijo ayer que el Gobierno "tiene sus responsabilidades y sus obligaciones", aunque piensa que en este caso "ha hecho lo que debe hacer". Al propio tiempo, pidió a los tribunales "que respeten al Ejecutivo". Opiniones que expresó envueltas en palabras de respeto y apoyo a la justicia para que adopte libremente las decisiones que crea oportunas.

La ex ministra de Asuntos Sociales tomó otro camino más directo. Alberdi aseguró que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe que los jueces "hagan elogios y críticas al Gobierno". A su juicio, el incumplimiento de este principio "debería llevar aparejadas sanciones, pero ocurre que en el Consejo General del Poder Judicial se ha sido, para enjuiciar la labor de los jueces, muy flexible, sin considerar que también la justicia tiene sus obligaciones y entre ellas está abstenerse tanto de la crítica como de la loa". Añadió: "Siempre me he quejado de la falta de sanciones a quienes incumplen este deber, que es exactamente lo que han hecho los autores de este auto".

El portavoz del grupo socialista, Joaquín Almunia, también se refirió al asunto para opinar que a quien corresponde dictaminar sobre los papeles del Cesid es a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que debe decidir si admite a trámite o no un recurso de la acusación particular en el caso Lasa-Zabala contra la decisión del Gobierno. Almunia defiende que sea esta sala la que "siente jurisprudencia" o, en su caso, establezca si el caso debe llegar al Tribunal Constitucional.

"Considerar que la voz más autorizada es la del auto de la Audiencia Nacional es, como poco, excesivo, y quien se apoya en este auto para defender sus tesis es poco respetuoso con el Estado de Derecho", declaró el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. "No voy a admitir", agregó Almunia, "que desde la Audiencia Nacional o desde ningún otro tribunal se ponga en cuestión el funcionamiento mismo de la justicia en España".