El Gobierno investigará la muerte en Bissau de un africano expulsado de España

El Gobierno desplazará a un enviado especial a Guinea-Bissau para que elabore un informe sobre la muerte del nigeriano Ahire Nana Waifo, uno de los 103 inmgrantes africanos detenidos en Melilla y expulsados de España a finales de junio y que fue abatido a tiros el lunes por la policía guineana. Amnistía Internacional venía denunciando en las últimas semanas el empeoramiento de las condiones de vida de los deportados. Éstos habían realizado ya varias huelgas de hambre y manifesciones antes de la que concluyó con el enfrentamiento con los agentes en el que Naruna recibió un balazo mortal y un compatriota suyo, David Adetoro Damolekum, resultó herido.El ministro del Interior, Jaime Mayor, manifestó ayer su "enorme tristeza", pero matizó que la víctima "asistió a una manifestación, que tuvo características violentas, y en ese acto libre se produron esos disparos. La situación habría sido muy distinta si se hubiese producido con una persona privada de libertad, sin ningún tipo de posibilidad de resporider o actuar de otra forma". En cualquier caso, Mayor advirtió que el ejecutivo no se pronunciará mientras no conozca con todo detalle lo ocurrido. Naruna era uno de los 103 inmigrantes ¡legales arrestados en Melilla y expulsados en medio de un escándalo porque parte de ellos fueron narcotizados para que no causaran molestias en el viaje. Unos 50, la mayoría nigerianos y cameruneses, se manifestaron el lunes en Bissau, junto a unos 300 jóvenes guineanos, para pedir la mejora de su situación y su regreso a España en vez de ser repatriados. Según la versión oficial, las fuerzas del orden lanzaron granadas lacrimógenas y dispararon al aire para dispersarlos después de que rompieran cristales de coches y se entregaran al vandalismo y el pillaje en un mercado. Otras, en cambio, indican que también

hubo tiros directos a ellos. Quince se refugiaron en la embajada de Estados Unidos, que les ha negado el asilo político.

Responsabifidades

La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), presidida por Juan María Bandrés, denunció ayer la "triste muerte" de Naruna y destacó la coincidencia de que precisamente él fuese, según un inforrme del Defensor del Pueblo, o de los deportados que habían solicitado asilo en España sin que la policía diese trámite a su petión "violando así la legalidad vigente". A su vez, la Asociación pro Derechos Humanos de Melilla -el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, dijo ayer que es imposible impermeabilizar totalmente las fronteras de esa ciudad y, la de Ceuta- pidió que esas personas vuelvan a España "aunque sea a través de los juzgados".Izquierda Unida (IU) anunció su intención de exigir responsabilidades al Gobierno, que, en su criterio, muestra falta de interés en el caso y no ofrece garantías suficientes de seguridad a los inmigrantes cuya situación es irregular. Para Susana López, responsable del Área de Migraciones de IU, a los 103 aludidos se los abandonó 11 a su suerte en países donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia". Por su parte, el sindicato UGT pidió a Interior que "garantice su regreso a los suyos de origen en un proceso legal y transparente".

El Congreso abordó ayer el tema de la inmigración, aunque en tonos menos dramáticos. Con 303 votos a favor, la totalidad de losdiputados presentes, aprobó una moción en la que se pide al Gobierno, entre otros puntos que mejore las oficinas de extranjeria y cree otras, mejorando su coordinación con las ONG; más recursos para la formación de sus funcionarios, incluidos los diplomáticos; que se informe al Defensor del Pueblo de los expedientes de inadmisión para controlar los motivos, y que se fijen anualmente los contingentes de admisión.