¿Reducir el Estado de bienestar para salvarlo?
Se está extendiendo hoy en esferas políticas y empresariales del país la postura de que para salvar el Estado de bienestar hay que reducir su equidad a través de varias medidas que incluyen la reducción de la protección social. Ésta se presenta como un obstáculo para el crecimiento económico y también para la producción de empleo. Se asume así que hay un conflicto entre equidad y eficiencia económica, postura ampliamente reproducida también en los centros financieros más importantes de España hoy. Un ejemplo, entre muchos otros, son las recientes declaraciones del señor Rojo, gobernador del Banco de España (hechas en la Universidad Menéndez y Pelayo), en las que se indica que "el Estado de bienestar español provee un exceso de equidad que puede haber mermado la eficiencia y el crecimiento econórnico".Aunque no se explicita el porqué de ese conflicto equidad-eficiencia económica, el sustento teórico de tal creencia se basa en los bien conocidos marcos teóricos del liberalismo económico, que sostienen que el efecto redistributivo del Estado de bienestar está afectando la capacidad de ahorro de la sociedad (y, por tanto, de inversión) al reducir las rentas tanto del capital como de los sectores más pudientes de la población, que son los grupos sociales que se asume que tienen mayor capacidad de ahorro. De ahí que se aconsejen políticas que favorecen a estos sectores a través de políticas fiscales que diluyan la progresividad de la imposición de la renta (tal como el señor Rojo aconseja) y propuestas presupuestarias que favorezcan las rentas del capital.
Lo que es interesante subrayar es que este discurso continúa reproduciéndose (en España se está convirtiendo en la nueva sabiduría convencional) a pesar de que la gran evidencia empírica acumulada a partir de los años ochenta (cuando la mayoría de los países de la OCDE inició políticas liberales como parte de sus políticas públicas encaminadas a reducir aquella equidad) niega la validez de las premisas que sostienen -aquellas políticas. Un estudio detallado de la eficiencia económica de las economías más importantes de la OCDE desde los años cincuenta, realizado por un grupo de economistas de varios países dirigidos por los profesores Epstein y Gintis y publicado por Cambridge University Press -Macro-Economic Policy After the Conservative Era, 1995-, muestra que los años de dominio de políticas liberales (con descenso de la equidad) se han caracterizado por tener menor ahorro, menor inversión, menor crecimiento de la- productividad y menor producción de empleo que aquellos periodos en que las políticas más equitativas han sido las dominantes. En las únicas áreas donde aquellas políticas liberales han tenido más éxito que las políticas keynesianas a las que han sustituido ha sido en el aumento de las rentas empresariales y de los grupos más pudientes de la población, que han visto un aumento del crecimiento de su renta a niveles sin precedentes desde los años treinta sin que estos aumentos de la renta repercutieran en un crecimiento del ahorro o de la inversión. Es más, las tasas de crecimiento de la productividad han disminuido, mientras que el nivel de desigualdades, polarización social y pobreza ha aumentado espectacularmente, representando un coste social elevado.
Un área en la que continúa existiendo un debate intenso es la del impacto de tales políticas liberales en controlar la inflación, cuestionándose que el control de la inflación pueda atríbuírsele únicamente a tales políticas liberales. Pero, en cuanto a los otros indicadores
que he señalado anteriormente, la evidencia es abrumadora de que menor equidad no produce mayor eficiencia económica. En realidad, el estudio de Epstein y Gintis confirma los resultados de muchos otros investigadores, estudios que han forzado incluso al Banco Mundial a reconocer, en su informe World Development Report del año 1991, "que no existe evidencia de que el ahorro dependa de la desigualdad social, o que ésta [la desigualdad social] conduzca a un mayor crecimiento económico. En realidad, la evidencia apunta a un sentido con trario, es decir, que mayor desigualdad lleva a menor crecimiento económico" (página 137). Parecía, por tanto, que la equidad sería necesaria para la eficiencia económica. El Institute for Public Policy Research del Reino Unido ha mostrado, por ejemplo, que, para el perio do 1979-1990 -época de máxima realización de estas políticas neoliberales en la OCDE hubo una relación inversa entre las desigualdades sociales (disminución de la equidad) y el crecimiento anual de la productividad laboral, en el sentido de que hubo un menor crecimiento de aquella productividad en los países que aumentaron sus des igualdades sociales. Igualmente se ha visto mayor inestabilidad económica (variabilidad en el crecimiento económico) en aquellos países que favorecen un mayor crecimiento de las desigualdades, y ello es debido en parte a que el consumo po pular favorecido por las políticas redistributivas del Estado de bienestar es más estable y predecible (y depende menos de importaciones) que el consumo de las clases pudientes, cuyo consumo es más errático y depende sobre todo más de las importaciones. No es, pues, sostenible que exista un conflicto entre equidad y eficiencia económica entre los países de la OCDE. Tampoco existe evidencia, por cierto, que apoye otra premisa del pensamiento liberal: que a mayor crecimiento de las rentas de capital -o incluso a mayor ahorro- habrá mayor inversión. La primera no causa automáticamente la segunda. Estados Unidos es uno de los países que tienen mejor infraestructura de recolección de datos sobre ahorro e inversión. Y no se ha visto una relación directa entre distribución de renta, ahorros e inversión.
La corrección del déficit público en España para conseguir la necesaria unidad monetaria europea puede realizarse no a base de restringir el gasto social (incluyendo el sanitario, que es de los más bajos de la UE), sino a base de aumentar los ingresos del Estado aumentando la carga impositiva sobre las rentas del capital, incrementando la progresividad fiscal y eliminando el fraude fiscal (que alcanza cifras récord en la UE), reconocido por las propias autoridades fiscales como escandaloso. Portavoces de la dirección general encargada de la política fiscal del Gobierno español han reconocido que la eliminación del fraude fiscal -por parte sobre todo del mundo empresarial y de los grupos profesionales libres- reduciría considerablemente el déficit público. Varios investigadores españoles han calculado que tal eliminación del fraude fiscal permitiría una reducción del 68% del déficit público. Contrasta el silencio que hoy se observa en centros financieros sobre la necesidad de corregir este fraude con sus llamadas continuadas a la reducción de la protección social.
Quepa, por último, otra observación sobre la argumentación sostenida por la nueva sabiduría convencional de que la competitividad (sobre todo de productos de países con costes laborales y de protección social más bajos) nos fuerza a reconsiderar la asumida excesiva protección social y altos precios del coste del trabajo en España. La mayoría del comercio exterior de España, sin. embargo, no es con países subdesarrollados (con menores costes sociales y menores costes salariales), sino con países desarrollados (con mayor protección social y salarios más altos). Y España tiene, además, uno de los salarios más bajos en la UE. Según una encuesta del World Competitivness Institute, publicada en 1994, España tenía los salarios por hora (incluyendo beneficios y aportaciones sociales) más bajos de los ocho países más importantes económicamente de la Unión Europea. Las tan frecuentemente citadas cotizaciones sociales son en realidad un coste salarial. Sumando estas cotizaciones a los salarios, la compensación salarial continúa siendo una de las más bajas en la UE. En cambio, el precio de la energía, de las comunicaciones y del dinero era de los más altos. Es paradójico que las mismas voces que están pidiendo una reducción del déficit público (a fin de abaratar el dinero) estén apoyando medidas de reducción de impuestos y aumentos de la regresividad fiscal que van a aumentar ese déficit. Creer que bajar los impuestos a los sectores más altos va a estimular la economía es olvidar la experiencia liberal de la, Administración de Reagan, que creó el déficit más grande que ha conocido la historia de Estados Unidos a base de seguir esas políticas. España se merece otro trato y mejores políticas.
Vicenç Navarro es profesor de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y en la Johns Hopkins University de EE UU.
