El PP aprobó extender a los 'ilegales' la asitencia social, pero no sabe cómo
B. AGUIRREEl Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en la Comunidad, aprobé. el jueves una propuesta en la Asamblea de Madrid que ahora sus propios gestores ignoran cómo hacer realidad. Ni siquiera saben si es viable. La resolución, presentada por los diputados de IU y votada por unanimidad, supone reconocer a los cerca de 50.000 inmigrantes no regularizados que viven en la región los mismos derechos que cualquier madrileño para acceder a los servicios públicos de sanidad, enseñanza y vivienda. La directora general de Servicios Sociales, Concepción Lostau, encargada de elaborar un plan regional de inmigración, se muestra sorprendida por la decisión adoptada en el Parlamento regional. El viceconsejero de Obras Públicas, Luis Peral, ignora cómo puede aplicarse el acuerdo en el Instituto de la Vivienda de Madrid, ya que este organismo exige actualmente a los solicitantes de un piso la presentación del certificado de empadronamiento. Los inmigrantes ilegales carecen de este documento. "Habrá que estudiarlo", comenta.
Virginia Díaz, diputada de IU, tuvo la idea. A su grupo le sorprendió el voto favorable del PP a esta iniciativa. "O no se leyeron la resolución o no se enteran de qué va la historia",explica la parlamentaria. La coalición consiguió hace tres año, ampliar los servicios sociales de la Comunidad a los inmigrantes legales mediante una modificación legislativa. Ahora pretende conseguir el mismo derecho para los ilegales.
"La asistencia sanitaria a inmigrantes no regularizados la hace ahora Médicos del Mundo. Pero nosotros siempre hemos luchado por incorporar a este colectivo al sistema sanitarío público.. En un país desarrollado no es posible que haya gente a la que se niegue la asistencia", recalca Díaz.
"Además, parte de la población marginal está formada por inmigrantes sin papeles. Es necesario un plan para erradicar el chabolismo y realojar a las familias en una vivienda digna, y no podemos excluir a este colectivo de ese programa social", remacha.
PASA A LA PÁGINA 3
IU exige un plan contra el chabolismo que garantice el realojamiento de los inmigrantes
La coalición quiere garantizar una solución digna a poblados chabolistas como -el de Boadilla, donde viven hasta 400 inmigrantes -entre legales y no regularizados- IU refresca la memoria al Gobierno regional: "Ruiz-Gallardón se comprometió en su debate de investidura a tratar con sensibilidad este problema. ¡Que cumpla!", reclama la diputada Virginia Díaz.
IU pedirá en los próximos días una comparecencia de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada, para conocer cómo van a aplicar la resolución aprobada sobre los inmigrantes no regularizados.
La directora general de Servicios Sociales, Concepción Lostau, adivina múltiples complicaciones para cumplir la propuesta. "No sé cómo un inmigrante considerado ilegal puede entrar en el sistema público; otra cosa es regularlo a través de organizaciones no gubernamentales", señala Lostau.
Los inmigrantes no regularizados son aquellos que no disponen de permiso de residencia. Unos, carecen de documento para residir legalmente en el país y, por tanto, pueden ser expulsados en cualquier momento. Y otros tienen solicitados permisos o recurrida su denegación, y, mientras tengan los, resguardos de tales trámites administrativos, no pueden ser deportados.
La ex consejera de Integración Social y actual (diputada socialista, Elena Vázquez, califica la resolución aprobada de "brindis al sol" por parte del Gobierno del PP. "En gran parte es inviable", cree Vázquez.
"La atención a los inmigrantes irregulares en la red sanitaria pública puede llegar a hacerse, pero claro, siempre que existan acuerdos previos con el Insalud, que es quien regenta la mayor parte de los hospitales y ambulatorios madrileños", agrega. Y se pregunta: "¿Tienen ya esos acuerdos?". "También es verdad", subraya Vázquez, "que desde hace años se admite a los hijos de los inmigrantes sin residencia en las escuelas infantiles que dependen de la Comunidad".
Pero el gran escollo para la ex consejera es la política de vivienda. "¿Cómo va a acceder a pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid una persona que no está empadronada y que es susceptible de expulsión del país? Eso es como decir hoy te hago titular de una vivienda pública y mañana te echo de España", apostilla.
"Otra cosa", continúa Vázquez, "es que se hagan políticas específicas de erradicación de las infraviviendas de la región a través de organizaciones no gubernamentales, pero en cualquier caso es difícil que un ilegal vaya a solicitar un piso público". La resolución aprobada en la Asamblea es clara, y consiste en garantizar el acceso a la sanidad, educación y vivienda de inmigrantes legales y no regularizados en igualdad de condiciones con los ciudadanos nacionales.
La ex consejera reconoce que su grupo votó a favor, pese a "creer inviable" buena parte de la propuesta. Y lo hizo así para no quedar como el único grupo contrario a una medida social".
"Si el PP, que es quien gobierna, acepta la propuesta a pesar de que sabe que en parte es de imposible cumplimiento, no vamos a ser nosotros quienes nos o pongamos; eso sí, nos tendrán que explicar cómo van a hacer realidad lo acordado", advierte Vázquez. "Hay veces que, al gobernar, hay que negarse a aquellas propuestas que uno sabe que no puede cumplir, aunque con ello te saquen los colores", concluyeEl viceconsejero de Obras Públicas, Luis Peral, también ignora cómo la Comunidad puede materializar una propuesta así. " Eso es competencia del Ministerio del Interior", indica. La Consjería de Obras Públicas, matiza, debería cambiar todas las normas sobre acceso a viviendas de promoción pública para cumplir la resolución de la Asamblea. "Hoy, para solicitar un piso del Ivima`, apunta, "es necesario estar empadronado, presentar documentos de Hacienda para demostrar el nivel de ingresos y certificados del registro de la propiedad acreditando que no se posee otra vivienda".Ningún impedimentoManuel Cobo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, entiende que es posible hacerlo. Al menos, explica, la consejera de Sanidad, Rosa Posada -encargada de aplicar las resoluciones que se aprueban en la Asamblea-, no puso ningún impedimento a la aprobación por la Asamblea de esta propuesta de IU. En estos momentos, los inmigrantes irregulares, es decir, aquellos que carecen de permiso de residencia, sólo tienen acceso a la red sanitaria pública a través de las urgencias.Hay casos excepcionales: algunos médicos acceden a atenderlos, pero lo habitual es que les traten organizaciones no gubernamentales, como Karibu o Médicos del Mundo, que reciben subvenciones oficiales para ese cometido.
Estas asociaciones llevan años solicitando a las instituciones que cualquier inmigrante, tenga o no residencia, pueda acceder a la sanidad pública. Opinan que las redes paralelas "son desintegradoras, y surgen problemas a la hora de recibir atención especializada".
El acceso a la enseñanza -la Comunidad de Madrid sólo tiene competencias sobre universidades y escuelas infantiles- es más factible: los hijos de inmigrantes irregulares, por ejemplo, pueden ir a las escuelas infantiles públicas".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
