Tarjeta de indocumentado

Entre las propuestas planteadas el pasado mes de junio por asociaciones de solidaridad y expertos para el futuro Plan Regional de Integración de los Inmigrantes figura la conveniencia de crear una tarjeta gestionada por las organizaciones no gubernamentales para facilitar prestaciones sociales básicas a los irregulares. Hasta la reforma de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad, en marzo de 1994, a propuesta de IU, ni siquiera los inmigrantes regularizados, que cotizan a la Seguridad Social y sufren retenciones de impuestos como cualquier otro trabajador, podían acceder a la vivienda pública. Se exigían criterios de reciprocidad por parte de sus países de origen. El cambio de la citada ley abrió los servicios sociales a inmigrantes regularizados que, hasta entonces, sólo accedían a ellos de fórma graciable y no por derecho. -En la región viven unos 150.000 inmigrantes, la mitad del llamado Tercer Mundo, según el informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) en abril de 1995. Un tercio se encuentran en situación irregular. Tras el último proceso (le regularización de ilegales, finalizado el pasado 23 de agosto, (es previsible que estas cifras hayan sufrido modificaciones, aunque los sindicatos UGT y CC 00 estiman que, a nivel estatal, con la citada medida sólo han resuelto su situación un tercio de los inmigrantes ilegales previstos.