Las autonomías podran subir o bajar en un 3% la tarifa del IRPF

El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica (1997-2001) entra en su recta final. El Gobierno remitió ayer a las autonomías su última propuesta para que se debata en la reunión del grupo de trabajo de mañana viernes y, en su caso, se apruebe en el Consejo dePolítica Fiscal y Financiera del lunes día 23. En ella se limita en un más/menos 20% la capacidad que tienen las autonomías para modular el 15% de la tarifa del impuesto sobre la renta, sobre el que -en estos momentos y mientras no se cambie- podrán establecer tipos. O lo que es lo mismo, subir o bajar un 3% el total de la tarifa.

La nueva propuesta del Gobierno trasluce sus dos preocupaciones básicas en todo este proceso. Por un lado, que las autonomías no puedan agotar al máximo o al mínimo su capacidad para modular el IRPF que les será cedido, para evitar grandes diferencias entre los ciudadanos que viven en las distintas comunidades. Por otro, impedir que se produzcan cambios de residencia ficticios para pagar menos.Por ello, a diferencia del primer documento presentado en el mes de julio pasado, el que se remitió ayer establece que las autonomías tendrán un margen máximo y mínimo del 20% para fijar sus tipos. Sobre la base de la tarifa actual, la Administración central podrá situar su tipo máximo en el 47,6% (el 85% del 56% máximo actual) y las autonomías en el 8,4% (el 15% del 56%). Con el nuevo límite del 20% las autonomías podrán convertir el 8,4% en un 10,08% como máximo o en un 6,72% como mínimo (el 20% del 8,4% sumado o restado). Esa variación es del 3% sobre el total, arriba o abajo.

Sumados los porcentajes máximos y mínimos al techo de la Administración central (el 47,6%) daría un tope para las dos tarifas del 57,6% por arriba y del 54,3% por abajo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Hacienda proyecta reducir los actuales 18 tramos de la tarifa del impuesto sobre la renta a 10, lo que podría modificar el tipo máximo estatal y, por tanto, estos porcentajes.

Se proponen también límites a la capacidad de las autonomías para establecer las deducciones del IRPF que sólo podrán incidir sobre aquéllas que se aplican en la cuota (personales, familiares y por inversión en vivienda, entre otras de menor importancia). La condición es "no provocar directa o indirectamente una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta", por ejemplo las del capital.

Los problemas de deslocalización se intentan resolver de forma que para declarar en una comunidad se exigirán tres condiciones sucesivas: tener la vivienda en esa comunidad, o bien tener allí el núcleo principal de intereses (puesto de trabajo o negocios) o bien ser ésta la última residencia declarada a efectos tributarios. Si se observa un incremento muy notable de renta y un intento de deslocalización se exigirá haber vivido durante los tres últimos años en la autonomía donde se quiere presentar la declaración.

El documento incluye, por otra parte, una primera estimación de lo que percibirá cada autonomía por la cesión del 15% del IRPF en el año 1997. El aumento calculado es del 4, 1 % sobre 1996 para todas ellas; es decir, por debajo del crecimiento del PIB nominal esperado (6%). Se trata de una cantidad teórica -a liquidar en 1998 con datos reales- para establecer los pagos a cuenta. Éstos se deducirán del total de participación en los ingresos del Estado que se adjudica a cada comunidad, con criterios de reparto iguales a los actuales y con un techo de crecimiento igual al PIB nominal.

Otro de los aspectos polémicos es cómo resolver la petición de que a igualdad de servicios prestados, la financiación por habitante se iguale. El Gobierno propone la creación de un grupo de trabajo que presente propuestas en el año 1997.