La negativa de Interior a reagrupar a los presos etarras agrava el enfrentamiento PP-PNV

Interior dio ayer su "no" definitivo a la petición del Parlamento vasco de trasladar en bloque a los presos de ETA a las cárceles próximas a Euskadi. En un escrito remitido por el director de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara regional, José Antonio Rubalcaba, el ministerio, que no excluye el acercamiento selectivo, subraya que "el reagrupamiento robustece claramente la estrategia de la organización terrorista" porque podría presionar más a sus internos y privarles de su libertad para tomar decisiones. El consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, criticó esta resolución, que agrava el enfrentamiento entre el PNV y el PP tras las desavenencias sobre los papeles del Cesid y las ventajas fiscales a las empresas radicadas en el País Vasco.

Desde que el 28 de diciembre del pasado año el Parlamento vasco aprobara un documento en el que se pedía a Madrid que elaborara un plan global de acercamiento de los presos de ETA a la comunidad y lo pusiera en marcha, su Comisión de Derechos Humanos no ha dejado de exigir su cumplimiento. Así, en los últimos 15 días, su presidente, José Antonio Rubalcaba, ha establecido contacto en repetidas ocasiones con el director de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, y el pasado lunes incluso se reunió con el propio ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.Sin embargo, el documento con los criterios que va a seguir la Administración central llegó ayer a la Cámara de Vitoria con un mensaje claro y una suave disculpa: la política penitenciaria es "competencia" del Gobierno y "los puntos de discrepancia no pueden interpretarse como actos de desprecio institucional ni empañar la solidez de planteamientos de colaboración sobre los que descansa la política de pacificación de Euskadi".Interior sostiene que la política que se sigue con los internos de ETA se realiza dentro de la aplicación estricta de la legalidad penitenciaria y que, en relación con su distribución territorial, debe ponderar dos de sus derechos: el de cumplir sus penas "lo más cerca posible de sus lugares naturales", pero también el de " no soportar presiones de los miembros más radicales de la organización que les impidan alcanzar el fin constitucional que el artículo 25.2 de la Carta Magna atribuye a las penas privativas de libertad, y que claramente se frustra con un agrupamiento donde los miembros más afines a las tesis de la organización van a poder controlar cualquier intento de disidencia"."Un acercamiento generalizado", concluye el texto de Interior, "produciría inevitablemente un reagrupamiento" cuya principal consecuencia sería el fortalecimiento de la estrategia terrorista, ya que podría ejercer más presión sobre sus presos.

No obstante, el ministerio se muestra partidario de estudiar individualmente algunos casos en lo que denomina una labor marcada por la "evolución" de cada preso. De tal manera, su "separación", un instrumento más para garantizar la libre decisión de cualquiera de ellos, no sería excluyente de su "acercamiento" a Euskadi.

La decepción de Rubalcaba fue compartida por Juan María Atutxa, que se mostró en desacuerdo con la utilización de criterios selectivos con estos internos. Atutxa incluso dijo en los pasillos del Parlamento de Vitoria que el anuncio de que otros grupos podrían ser trasladados a las proximidades de Euskadi en breve no es suficiente. "No sacia mis demandas", advirtió. "En la medida en que se está dando un paso, me parece bueno. Pero estar cerca de su casa es un derecho que asiste a todos los presos y debe cumplirse", matizó.

No obstante, Atutxa recalcó que él y su partido, el PNV, consideran que la dispersión ha dado sus frutos: "Hay que evitar, en beneficio de los mismos presidiarios, que sea efectivo el control y la vigilancia [sobre ellos] de sus propios comisarios políticos y así facilitar que adopten sus decisiones libremente".

El coordinador general de IU-EB, Javier Madrazo, afirmó, a su vez, que la negativa al acercamiento global es "un desprecio claro" a la Cámara vasca, "un ejemplo de la consideración que le merece de verdad al Gobierno de Aznar y a Mayor Oreja".

La Comisión de Derechos Humanos se reunirá el próximo 3 de octubre para analizar la respuesta que va a dar a la Administración central. El PNV anticipó ayer que será contundente en las propuestas que presentará para forzarla a que satisfaga su petición, pero evitó revelarlas.

[El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó ayer en Bilbao que la decisión de realizar acercamientos individualizados de presos "no es incompatible con lo que puedan significar otras medidas de acercamiento". En declaraciones a Europa Press, Mayor añadió que estaría "fuera de lugar" que la política penitenciaria estuviera marcada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca.]