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IU y asociaciones ciudadanas critican la ley de videovigilancia

El proyecto de ley de videovigilancia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, recibió los ataques de Izquierda Unida y asociaciones de vecinos y consumidores. Pero las modificaciones introducidas en el primer texto, suavizaron las críticas de asociaciones de juristas, aunque persiste la cautela a la hora de hacer valoraciones definitivas. Incluso los socios del PP, CiU, aclararon que estudiarían "detalladamente el contenido para que en su articulado definitivo se recoja el mayor equilibrio posible entre la protección al derecho de intimidad y el derecho a la seguridad ciudadana", según dijo ayer el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia del Congreso, Manuel Josep María Silva.El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja aseguró precisamente que "el Gobierno se compromete a garantizar los derechos fundamentales en la aplicación de esta ley". El titular de Interior añadió que, a partir de ahora, será vinculante la opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad correspondiente, al que se consultará la aplicación de la normativa.

Pero para IU la ley es incostitucional y supone "un retroceso en las libertades democráticas de los ciudadanos". José Navas, portavoz del grupo parlamentario IU-IC en la Comisión de Interior, aseguró que "esto nos retrotrae a épocas de legislación excepcional. No queremos ser especiales en cuanto al tratamiento restrictivo de nuestras libertades en Euskadi". Navas calificó de " atrocidad" hacer responsables a los organizadores de las manifestaciones por los daños que sus participantes puedan realizar".

Control imposible

Es el mismo temor que hicieron llegar ayer la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español y la de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Ambas organizaciones subrayaron su incapacidad para controlar unos actos a los que pueden sumarse gentes ajenas a las asociaciones convocantes.Diego López Garrido, en nombre de Nueva Izquierda coincidió con estos análisis. "En toda manifestación", argumentó, "habrá que determinar antes de proceder a responsabilizar a los organizadores, si éstos han sido realmente los culpables de los daños producidos". López Garrido matizó que el proyecto " no tiene las distorsiones que, desde el punto constitucional, aparecían en el texto inicial".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a través de su portavoz, María Tardón, se felicitó por las modificaciones introducidas en el proyecto de ley tras las consultas con la Judicatura, el Consego General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, consideró excesivo el plazo de un mes para la destrucción de las cintas en las que no haya grabado delito y recordó que la colocación y el uso de las videocámaras debe partir de la existencia del indicio de un delito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de septiembre de 1996