Uno de los abogados que intervinieron en el 'caso Calvià' implica al PP

Ramon Riutord, abogado que defendió a uno de los condenados por el caso Calviá, declaró ayer ante el juez que la cúpula del PP de Baleares participó en la trama por la que se intentó sobornar a un concejal socialista en 1992 para arrebatar la alcaldía de Calvià al PSOE. Afirmó que sus honorarios habían sido pagados por el PP y añadió que el PSOE "urdió la celada" (del intento de soborno) y los conservadores "cayeron en ella".Mientras, el juez instructor del caso, Francisco Javier Muñoz, ha dictado un auto que exonera del secreto profesional al abogado Jaime Ques, que en la primera fase del proceso defendió a Andreu Bordoy, uno de los tres condenados por la Audiencia de Palma por el intento de soborno, y que en su momento se acogió al secreto profesional. Ayer, el juez volvió a citarle a declarar. El auto ha abierto un conflicto con el Colegio de Abogados de Baleares, que considera que los abogados no pueden ser privados del derecho al secreto profesional.

El letrado Riutord, en cambio, sí quiso declarar. Al término de su comparecencia, manifestó: "No tengo ninguna confesión, desde el señor Aznar para abajo, de algún dirigente del PP que haya admitido su participación en los hechos. Pero el asunto es tan evidente que se puede extraer la conclusión de que la cúpula del PP estaba al tanto de la operación".

El abogado defendió a Miguel Deiá, uno de los tres condenados por la Audiencia de Palma de Mallorca. Fue citado a declarar por el juez instructor para que explicara quién había pagado sus honorarios de abogado. Riutord explicó cómo, cuándo y quién le hizo entrega del dinero, "una parte en metálico y otra en documento bancario", dijo. "No repetiré ante los medios de comunicación lo que declaré al juez, pero sí me reafirmo en lo que he dicho en otras ocasiones sobre este temá", precisó.

Pagó otro letrado

Riutord, según fuentes jurídicas, habría admitido que fue otro abogado, Javier Clastres (defensor del ex-presidente del PP de Calviá Eduardo Vellibre), el que había satisfecho su minuta, en el despacho del ex-consejero adjunto a la presidencia Francesc Gilet (PP). Eso probaría, según la acusación particular, ejercida por el PSOE, que los máximos dirigentes del PP balear, encabezados por Gabriel Cañellas, habrían autorizado la operación.El edil socialista José Miguel Campos recibió en 1992 una oferta de 100 millones de pesetas para que votase con el PP en una moción de censura a la alcaldesa Margarita Nájera. El intento fracasó porque Campos denunció los hechos, tras obtener una grabación magnetofónica.

El caso Calviá, con sentencia en firme de la Audiencia de Palma ratificada por el Tribunal Supremo, fue reabierto el pasado mes de marzo por el juez José Castro, que se inhibió a favor del Supremo debido a la condición de aforado de Gabriel Cañellas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 12 de septiembre de 1996.

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