El fiscal jefe de la Audiencia evita que Garzón encarcele a Galindo por el 'caso Oñederra'

El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad sin fianza al general Enrique Rodríguez Galindo, quien previamente se había negado a declarar ante él en calidad de imputado en el caso Oñederra, en el que se investigan cuatro asesinatos de los GAL. El magistrado no consiguió el apoyo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, para encarcelar al que fue durante años jefe del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián). Garzón le comunicó ayer que está imputado directamente por el delito de integración en banda armada en grado de fundador o dirigente. Galindo estuvo encarcelado por otro sumario del caso GAL, los asesinatos de los presuntos etarras Lasa y Zabala, ue instruye Gómez de Liaño.

El juez Garzón ofreció ayer al fiscal José Aranda la posibilidad de celebrar una vistilla, por si deseaba solicitar la adopción de medidas cautelares contra el general Galindo, pero Aranda declinó la oferta alegando que el imputado no había acudido al juzgado en calidad de detenido. Garzón estima que la detención no es necesaria para celebrar la vista sobre medidas cautelares (prisión, fianza, presentaciones...) siempre que se esté imputado en un delito grave. En el Supremo, por ejemplo, el ex ministro José Barrionuevo no estaba detenido cuando en la vistilla se le fijaron 15 millones de pesetas de fianza.El general no quiso contestar a ninguna de las 180 preguntas que el juez y el fiscal le formularon y que se hicieron constar en el acta de la diligencia.

Nada más comenzar la comparecencia, Galindo manifestó que es inocente y que lo poco que sabe del caso Oñederra lo ha conocido por la prensa, por lo que expresó su deseo de no declarar. El juez entonces le hizo esperar en la antesala unos tres cuartos de hora mientras se transcribían las preguntas que rehusó responder.

A continuación, Galindo fue llamado de nuevo y se le leyeron las preguntas. El militar reiteró su deseo de no contestar y firmó el documento. Garzón no tuvo otro remedio que dejarle en libertad sin fianza a la vista de que el fiscal Aranda no interesó la adopción de medidas cautelares. El fiscal es la única parte personada que conoce el contenido del sumario, puesto que éste está declarado secreto.

Galindo, al igual que los generales Andrés Cassinello y José Antonio Sáenz de Santamaría, está declarado imputado en el caso Oñederra, en el que se investigan delitos de asesinato, pertenencia o colaboración con banda armada, depósito de armas, tenencia de explosivos, falsificación de documentos y uso público de nombre supuesto. Sin embargo, en este caso nunca había habido un pronunciamiento sobre su libertad o prisión, al contrario que en el caso Lasa-Zabala, en el que Galindo se encuentra procesado y en libertad sin fianza desde el 2 de agosto, después de haber permanecido dos meses en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid).

El general ya había sido citado a declarar el 26 de junio por el caso Oñederra, pero la diligencia se aplazó porque Galindo recusó a Garzón y al juez que debía resolver la recusación, Javier Gómez de Liaño. El incidente se saldó con el rechazo de las recusaciones y una multa de 75.000 pesetas para Galindo por actuar con mala fe.

José María Velázquez Soriano, Txema, ex guardia civil que fue miembro del servicio de información de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo y participó -según él mismo declaró a Interviú- en varias acciones de los GAL, había acudido al juzgado para un posible careo con el general. Finalmente el careo no se produjo debido a la inexistencia de contradicciones en las declaraciones de ambos, ya que el general no quiso testificar.

Para hoy está prevista la declaración como imputado en este mismo caso del ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid coronel Juan Alberto Perote. También está citado el comandante del citado centro Emilio Jambrina, que fue hombre de confianza del anterior director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano. De Jambrina se sospecha que pudo entregar armas a Galindo. Hoy podría ser enfrentado a un careo con Perote.

Según publicó el diario El Mundo en febrero pasado, Jambrina reunió el 3 de febrero a nueve antiguos miembros de los servicios especiales de la Guardia Civil a los que habría ofrecido dinero y refugio en Suramérica si vinculaban el origen de los GAL con el Batallón Vasco Español.