La Mesa del Congreso se inhibe ante la petición de Gómez de Liaño

Ni sí ni no. La Mesa del Congreso no responderá, previsiblemente, ni a favor ni en contra de la consulta que le ha planteado el juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, sobre si procede llamar a declarar como testigos a los parlamentarios integrantes de la Comisión de Secretos Oficiales. El magistrado pretendía que los diputados que en su día fueron informados por el ministro de Defensa sobre los papeles del Cesid que pudieran estar relacionados con la guerra sucia contra ETA, comparecieran ante él para que confirmaran si las fotocopias de que dispone en la Audiencia Nacional corresponden con aquellos papeles secretos. Ni se le autorizará ni se le denegará esta posibilidad.Fuentes próximas a los servicios jurídicos de la Cámara que han elaborado el informe que hoy analizará la Mesa del Congreso confirmaron a este periódico que la respuesta a lo que plantea el magistrado será, caso de que sea asumida por los representantes de los grupos parlamentarios, que el Congreso no es quién para entrar en esta cuestión. Las misma fuentes interpretan que con su iniciativa, el juez ha trasladado a la Cámara una consulta jurídica, pero al Congreso no le corresponde responderla, ya que es un órgano legislativo y no consultivo.

Los autores del informe interpretan que es el propio juez quien tiene que interpretar por sí solo y aplicar la ley. No ha lugar, pues, a la consulta.

Otras fuentes, en este caso próximas al órgano rector de la Cámara, aseguraban anoche a Europa Press que, con este criterio, la Mesa del Congreso de los Diputados muy probablemente se inhibirá ante la petición del juez. La Mesa la integran tres miembros del Partido Popular, tres del PSOE, uno de Izquierda Unida, uno de CiU y otro del PNV.

Sin suplicatorio

La Secretaría General del Congreso entregó pasadas las seis de la tarde de ayer al presidente de la Cámara, Federico Trillo (PP), el informe jurídico de 12 folios en el que se basará la decisión. Trillo comunicó a los miembros de la Mesa que no les daría traslado del informe hasta hoy mismo para evitar filtraciones.La Mesa, si se sigue este criterio, dará traslado al Tribunal Supremo de su decisión de inhibirse, decisión que se basaría también en que la Justicia debe solicitar un suplicatorio para procesar a un diputado, pero no es necesaria ninguna autorización para llamarle a declarar.

En cuanto al fondo del asunto, el informe subraya, según estas fuentes, la contradicción que supone para un diputado recibir un documento secreto y que un juez le llame a declarar sobre el mismo. Una contradicción evidente a no ser que el secreto conocido por el diputado sea un delito, en cuyo caso debe acudir al fiscal.