El PSOE recurre ante el Constitucional el decreto de Medidas Urgentes de junio

El PSOE interpuso ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Decreto Ley de Medidas Urgentes que convalidó el Congreso en junio. El recurso, explicado por Joaquín Almunia y Juan Manuel Eguiagaray, estima que varios artículos del decreto son inconstitucionales por dos razones principales: inexistencia de causa de urgencia para utilizar el real decreto ley y vulneración del principio constitucional de progresividad que implica la nueva tributación de incrementos y disminuciones patrimoniales.

Juan Manuel Eguiagaray, portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, fue ayer muy tajante: El decreto de Medidas Urgentes es "un auténtico hachazo a las posibilidades de convergencia con Europa en situación de igualdad para todos los españoles, reduce los ingresos públicos y favorece al sector más cercano al Gobierno". Esta es la síntesis política del recurso ante el Tribunal Constitucional que ayer presentó el PSOE contra los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Disposición Adicional segunda y Disposición final primera, tercer párrafo, del Real Decreto Ley 7 / 1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.El artículo 4 establece reducciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en los supuestos de transmisión de la empresa familiar y de la vivienda habitual; el artículo 5 establece la actualización de balances de las empresas con un gravamen único del 3% y los artículos 6 a 14, junto con las disposiciones mencionadas, regulan la nueva fiscalidad sobre aumento y disminuciones de patrimonio en el IRPF.

Confusión

El recurso, elaborado por el catedrático Juan Ramallo, establece varias razones de inconstitucionalidad del decreto. La primera es la inexistencia de una verdadera razón de urgencia que justifique la utilización de la fórmula de real decreto ley. Porque en ninguna de las actuaciones fiscales mencionadas -nueva regulación de sucesiones y donaciones, nuevo régimen para incrementos y disminuciones patrimoniales y actualización de balances- se mencionan las razones de supuesta urgencia, el PSOE acusa al Gobierno de "confundir intencionadamente lo que puede ser una opción de política legislativa con la más que dudosa existencia de una real urgencia".La segunda causa sustancial de inconstitucionalidad es contra los artículos 6 al 14 del decreto. Entiende el recurso que el nuevo tratamiento fiscal de los aumentos y disminuciones patrimoniales establece, en el caso específico de los bienes. adquiridos con más de dos años de antelación, una ruptura en la progresividad al determinar un tipo fijo y único del 20%. Según el recurso, tal disposición "beneficia, creemos, de forma exorbitante, a los perceptores de rentas que obtengan ganancias de capital en un plazo superior a dos años".

Asimismo, el PSOE encuentra, entre otras, causa de inconstitucionalidad en el hecho de que la actualización de balances modifique sustancialmente el impuesto, cambio que solamente puede hacerse a través de una ley.