González, pendiente de una cita

Dentro de poco hará un año. Un asesor del presidente del Gobierno contempló el decorado y emitió un juramento. Allí estaba el sitial, frente a la presidencia del Salón de Plenos, en el centro de los estados y un poco ladeado. En el mismo lugar que ocuparía un banquillo frente a un tribunal. Pero en la soledad del salón vacío, más que un banquillo parecía un cadalso.Minutos después iba a ocuparlo el presidente. Felipe Gónzalez. Era la primera vez que el presiden te del Gobierno acudía a la ceremonia de apertura del -Año Judicial, que tradicionalmente preside el Rey. El entonces presidente del Supremo, Pascual Sala, había insistido en que estuviera presente porque ese día se iban a inaugurar también las rehabilitadas dependencias del Palacio de Justicia.

En pleno apogeo del caso GAL; la presencia de González ante los jueces que quizá algún día pudieran tener que juzgarle parecía casi una temridad, y más en una ceremonia que estaría a reventar de inormadores ávidos de simbolismos. Pero contra todo pronóstico, desde La Moncloa respondieron que el presidente asistiría. Y el sitial aguardaba ya a, su ocupante.

El protocolo imponía que el acto debía presidirlo e Rey, flanqueao por el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo, y al lado de éste el ministro de Justicia. ¿Dónde ubicar a González? Los servicios del Supremo optaron por darle un lugar preferente en estrados, el mimo que en otras ocasiones ocupaba el presidente del Tribunal Constitucional. Pero lo que alguien candorosamente planificó como una deferencia al personaje se había transformado, por mor de las circunstancias, en la escenografí inconfundible de un juicio. Y el sitial remataba el conjunto con un efecto demoledor.

Desde el séquito del presidente hubo alguna advertencia de que González no se sentaría allí. Tras algunos intercambios de opiniones fue el propio González quien optó por dejarlo estar. Tras la presidencia está la puerta de acceso a una saleta, desde la que le hicieron las fotos. Con el fiscal puesto en pie y leyendo un acta, el comentario fue unánime: González parecía un procesado.

Hoy, un año después, el sector más antisocialista de la política, la judicatura y la prensa busca hacerle una foto igual, pero. con un fondo distinto. González no dispondría del mismo sitial, sino de una silla bastante más severa. A su alrededor, el lugar de los magistrados del Supremo lo ocuparían algunos de sus más encarnizados acusadores. Entre ellos, el abogado Miguel Castells, vinculado a HB y que representa a algunas de las víctimas de atentados de los GAL; el letrado Manuel Murillo, un antiguo socialista del sector histórico de Rodolfo Llopis -derrotado por Felipe González- que defiende al ex jefe dé la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez; y los letrados de la acción popular, José Luis Galán y Teodoro Mota. La presidencia la ocuparíoa el juez instructor del caso GAL, Eduardo Moner.

Hace aIgunos meses, Móner declinó hacerse esa foto, pero ahora pueden obligarle. Durante Ia instrucción, la acción popular pidió repetidamente que Felipe González declarase "como imputado". Pero el magistrado instructor respondió que no existían indicios de su partipació en la trama de los GAL, sino sólo "meras sospechas" e "mputaciones genericas", insuficjentes para llamarle como imputado. Móner rechazó un recurso de la acusación y se negó a tramitar la apelación ante la Sala Segunda. La acción popular elevó una queja a la Sala y el próximo jueves se reune el pleno para estudiar si cita a declarar a González y en calidad de qué.

Según fuentes del Supremo, la Sala Segunda tiene tres opciones: dar la razón al instructor y no llamar a González; convocarle a declarar "como testigo" ; o citarle "como imputado"

Si la Sala no le llama a declarar, respaldaria la decisión, de Móner, quien, trís un año de instrucción, ha procesado al ex ministro del Interior José Barrionuevo, pero no ha encontrado indcios contra González: "La única imputación existente respecto de Felipe González es la constituida por las declaraciones del señor García Damborenea, al margen de una vaga alusión del señor Sancristóbal, imputación única y no respaldada por ninguna otra prueba Móner el 29 de abril.

Respecto al ex ministro Narcís Serra y al número tres del PSOE, José María Benegas -que también van en el lote-, el instructor sólo apreció "meras suposiciones, hipotéticos juicios de inferencia, con valor puramente personal y totalmente insuficientes para acordar su declaración en calidad de imputados. Esta posición fue ratificada por el magistrado instructor cuand, en un último intento, las acusaciones recurrrieron al testimonio estelar del ex prófugo Luis Roldán. El fiscal del Supremo también se opuso a la comparecencia de González.

Si el alto tribunal acuerda citarle en calidad de testigo, González no tendría que acudir al Tribunal Supremo. Según el artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los que hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubiesen tenido conocimiento por razón de su cargoLa situación ya se planteó con el ex ministro Barrionuevo en e caso Amedo. Las partes formularon sus pliegos de preguntas, que, cribadas por el tribunal, fueron remitidas al ministro. Al igual que entonces, la hipótesis de que a través de un testimonio escrito González pudiera decir algo que le autoinculpase, parece más bien remota. Aun así, llamarle como testigo le evitaría la foto entrando en el Supremo, pero no los titulares que le relacionaran con estarsiendo investigado por los GAL.

Si la Sala optase por llamarle como imputado tendría que recabar antes la autorización del Congreso, previo suplicatorio. En ese caso, González, al igual que hiciera, Barrionuevo meses atrás, tendría que acudir al Supremo acompañado de un abogado y someterse a un interrogatorio directo por parte del fiscal, las acusaciones y las defensas.

Como opción en la recámara, el tribunal tiene la posibilidad de indicar al juez Móner que tramite la apelación que denegó a los acusadores. Sería un rigorismo procesal que sólo dilataría algunas semanas el mismo pronunciamiento, puesto que en definitiva, la apelación acabaría revirtiendo a los mismos magistrados que el jueves han de resolver la queja.