Reválida económica

EL VICEPRESIDENTE económico, Rodrigo Rato, tuvo ocasión ayer de presentar ante el Rey, que presidió el Consejo de Ministros, los planes para el nuevo curso de los departamentos que coordina. Del cumplimiento de esos planes a lo largo de 1997 dependerá que España se integre en la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea el 1 de enero de 1999, cuya importancia ha sido destacada ayer mismo por el Jefe del Estado. Para lograr esa incorporación será preciso reducir drásticamente el déficit público, y si el Gobierno quiere respetar sus compromisos electorales, habrá de hacerlo sin subir los impuestos y manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones y demás rasgos básicos del Estado del bienestar. Reducir el déficit sin tocar el gasto social es muy difícil. Hacerlo de forma que, además de no vulnerar el propio programa, se dé satisfacción a las exigencias de los. aliados nacionalistas es ya la cuadratura del círculo.La rotunda negativa de CiU a rebajar el coste sanitario mediante el recorte de las prestaciones prueba esa dificultad. Agravada por la exigencia del nacionalismo catalán de que el Estado aflore el déficit oculto del sistema sanitario, tanto del Insalud como de las comunidades autónomas. Sin contar con la factura -de importe desconocido- de la reforma del sistema de financiación de las autonomías. Los socios catalanes se muestran, en cambio, bastante a favor de la introducción de tasas por la utilización de ciertos servicios públicos, como las autovías. Pero, de momento, la idea ha sido muy criticada, e incluso el Defensor del Pueblo piensa que es inconstitucional. Otras ideas de CiU, como la de subir el precio del agua, también han sido contestadas.Parece que el Gobierno pretende recortar el gasto, en torno a un billón de pesetas y aumentar la recaudación en unos 300.000 millones. Pero, la nueva fiscalidad aplicada a las plusvalías o la actualización de balances empresariales no van en esa dirección. Por su parte, los sindicatos han anunciado su resistencia a recortes en las prestaciones sociales, así como a la congelación salarial de los funcionarios. La actitud sindical que ha permitido la moderación salarial en los, últimos tres años podría quebrarse si no se avanza este otoño en la concertación social.

El mantenimiento de esas incertidumbres, pese a los, buenos registros en actividad, empleo e inflación de los últimos meses, explica la prudencia del Banco de España, que está esperando a ver cómo finaliza el trámite parlamentario de los Presupuestos -y que credibilidad de cumplimiento ofrecen- para rebajar otra vez el precio del dinero. Y es que si, al final, se opta por actuar sobre los impuestos indirectos, mediante nuevas figuras o mediante tasas sobre servicios públicos, se estará alimentando la inflación -el otro requisito básico de Maastricht-, y eso es algo que el banco emisor ve Con preocupación, especialmente tras el repunte del IPC que se espera por la repercusión en los precios al consumo del reciente aumento dejos impuestos especiales sobre tabaco y alcohol.

Pero si los tipos no bajan, no pocas decisiones de inversión o de consumo se verán postergadas, con el consiguiente reflejo negativo en el crecimiento de la actividad económica. Y ello, a su vez, tendrá una repercusión negativa en la recaudación fiscal, con lo que el déficit difícilmente descenderá. Al mismo tiempo, el Gobierno ha de dar garantías de que los resultados obtenidos no son producto de una coyuntura determinada y que sus efectos perdurarán en el tiempo. Primero, para que el Banco de España relaje su política monetaria, luego para que los mercados internacionales no penalicen la deuda o la divisa.

Ninguno de estos problemas es nuevo. El nuevo es el Gobierno, que está haciendo el aprendizaje de la distancia entre predicar y dar trigo. No hay medidas de política económica sin damnificados, y ha llegado la hora de elegirlos. En descargo del Gobierno hay qué decir, sin embargo, que el grueso del ajuste fue dejado por los Gobiernos anteriores para estos dos últimos años anteriores a la reválida de Maastricht.