Fútbol y derecho

DE NUEVO, y con la Liga encima, estalla la guerra que enfrenta a televisiones y clubes de fútbol. El precario acuerdo alcanzado ayer entre las cadenas autonómicas y los equipos que tiene fichados Antena 3 no ha solucionado el conflicto, a juzgar por la denuncia de Canal + y el rechazo del resto de equipos (11, la mitad de los clubes de Primera División). Quienes hace una semana vendieron la consecución de un acuerdo definitivo han aparecido ayer para explicar que aquel acuerdo no era tal. Siete días después, sólo hay un lío monumental que amenaza con judicializarse y un remedo de pacto aceptado tan sólo por algunas de las partes implicadas.Según contaron en su momento, el acuerdo haría posible el próximo desarrollo dé la televisión a la carta, el llamado pay-per-view, que exige cuantiosas inversiones, y permitiría hacer llegar a las arcas de los clubes cerca de 250.000 millones hasta el año 2003, lo que sentaba las bases para una planificación a largo plazo de gastos e ingresos. Gastos, por lo pronto, ya los han hecho los clubes, y cuantiosos; pero los ingresos, a la vista del desacuerdo de fondo, habrá que verlos. Incluso cabe preguntar si no serán justamente las dudas ante unas cuentas que no cuadraban lo que ha llevado a una parte de las televisiones a romper el acuerdo previamente alcanzado. El despropósito no puede ser mayor, agravado por la premura en el tiempo -mañana se inicia, la Liga- y por el estilo con el que disfrutan de hacerse presentes algunos dirigentes del fútbol, más aficionados al vocerío y la amenaza que a la discusión civilizada.

Han sido las autonómicas las que han decidido, en el último minuto y por su cuenta, someter un contrato que ya tienen firmado a los vaivenes de un acuerdo sin contrapartida legal similar. Arriesgada operación la de exponerse a acciones judiciales, teniendo en cuenta que se trata de organismos públicos, con control parlamentario de sus respectivas Cámaras autonómicas. Unas empresas públicas -que ya han costado a los ciudadanos más, de 120.000 millones de pesetas deberían ser especialmente cuidadosas en manejar el dinero de todos, y no poner en peligro los únicos ingresos que tienen asegurados por un contrato legalmente establecido. Ante tal situación, los consejos de las diversas televisiones autonómicas deberían al menos reunirse de modo inmediato para que sus integrantes -representantes de las fuerzas políticas- reciban por parte de los directivos de las cadenas la explicación de una decisión de la que la racionalidad económica parece estar ausente.

"Por la vía del hecho se ha conseguido que el lunes haya fútbol, pero por la vía del derecho me da la impresión de que no", comentó ayer el presidente del Athletic de Bilbao. Y es que la estrategia de la tensión y de los hechos consumados es peligrosa. El derecho y el respeto a los acuerdos firmados deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. En el fútbol y fuera de él.

Mientras tanto, la federación permanece como don Tancredo, a la espera del desenlace, como si la cosa no fuera con ella cuando existe un conflicto que tiene enfrentados a la mitad de los clubes de Primera con la otra mitad. Con el riesgo de que la judicialización de este conflicto les arrolle en la sala de espera. A ellos y, en los peldaños correspondientes, a la Secretaría de Estado para el Deporte y al Ministerio de Cultura y Educación. O sea, al Gobierno.