El Gobierno advierte a tres jueces que los 'papeles del Cesid', además de secretos, pueden ser falsos

El Gobierno no sólo se ha negado a desclasificar los 20 papeles del Cesid reclamados por tres jueces que instruyen sumarios sobre la guerra sucia contra ETA. Además de no entregarles los documentos, alegando que afectan a la seguridad del Estado, el Ejecutivo ha advertido a los magistrados que las copias que tienen en su poder pueden estar manipuladas. Así consta en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto, remitido a los jueces Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez. La posible manipulación afecta a 17 documentos. Los otros tres, ni siquiera consta que existan.

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Eduardo Serra, ha contestado ya a los magistrados de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del caso Oñederra, y Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa y Zabala, así como al titular del juzgado de instrucción número 2 de San Sebastián, Justo Rodríguez, que investiga la muerte de la etarra Lucía Urigoitia, quienes reclamaron la desclasicación de los documentos del Cesid sobre la guerra sucia.En su respuesta a Gómez de Liaño, que ayer adelantó El Mundo, y a los otros dos jueces, que también ha conocido EL PAÍS, el Ejecutivo no se limita a justificar, invocando "la seguridad del Estado, que es la de todos los españoles", por qué no les puede entregar los papeles.

El Gobierno explica, igualmente, que tres de los 20 documentos solicitados (las peticiones fueron en realidad 23, pero dos de los papeles los pedían simultáneamente dos jueces y una solicitud era de carácter general) "no se encuentran en los archivos del Cesid ni ha constado nunca su existencia".

Los tres documentos cuya existencia niega el Gobierno son: la transcripción de una supuesta conversación entre el antiguo jefe del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián), Enrique Rodríguez Galindo, y el agente del Cesid Pedro Gómez Nieto, en la que el primero daría al segundo instrucciones para actuar contra etarras en el sur de Francia (solicitada por Garzón y Gómez de Liaño); la transcripción de una supuesta conversación entre Gómez Nieto y el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote, en la que el primero explicaría las circunstancias de la muerte de Lasa y Zabala (solicitada por Gómez de Liaño); y el sello supuestamente fabricado en el Cesid con el anagrama de los GAL, así como los fotolitos utilizados para hacerlo y el folio donde se probó (pedidos por Garzón).

Posible manipulación

Al negar que estos tres documentos u objetos se encuentren en los archivos del Cesid, el Gobierno admite implícitamente que los 17 restantes sí están. Sin embargo, pone de inmediato una importante cautela: dichos documentos fueron sustraídos del Cesid y permanecieron "fuera del mismo por espacio de dos meses en forma de microficha susceptible de manipulación", motivo por el cual hay diligencias abiertas en la jurisdicción militar.Aunque el Gobierno no lo cita por su nombre, se refiere al coronel Juan Alberto Perote, quien se llevó 1.245 microfichas del Cesid en noviembre de 1991 y no las devolvió hasta enero de 1992, motivo por el cual el fiscal militar le pide 10 años de prisión. Precisamente, las copias que los tres jueces tienen en su poder fueron incautadas por Garzón el pasado 8 de febrero en su celda de la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid).

Lo que plantea el Gobierno a los jueces es que los papeles que el Cesid guarda en sus archivos son precisamente los que devolvió Perote, tras haberlos tenido en su poder dos meses, durante los cuales pudo manipularlos. Como Perote mandó destruir los originales es imposible, incluso para el Cesid, autentificarlos.

En concreto, el escrito advierte que ha podido ser alterado el papel del Cesid que alude a la supuesta manipulación de pruebas para ocultar las circunstancias que rodearon la muerte de la etarra Lucía Urigoitia (solicitado por Justo Rodríguez), la nota de despacho de 28 de septiembre de 1983 que avisaba del inminente inicio de acciones armadas en el sur de Francia (solicitada por Garzón y Gómez de Liaño) y "la mayoría" de los 18 documentos reclamados por Garzón.

La importancia de la respuesta del Gobierno radica en que algunos jueces, pese a la negativa del Consejo de Ministros a desclasificar los papeles del Cesid, no han renunciado a autentificarlos por otras vías, especialmente la declaración de testigos.

Es el caso de Javier Gómez de Liaño, quien ha citado a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales, a quienes el entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, les mostró el pasado 2 de octubre los documentos sustraídos por Perote. La advertencia que ahora hace el Gobierno supone que lo que vieron los diputados no fueron los originales, sino las copias que devolvió el antiguo jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, tras su posible manipulación.