El Gobierno español estudiará junto a la familia llevar el asesinato de Carmelo Soria al tribunal de La Haya

"El Gobierno está dispuesto a colaborar con la familia Soria en cuantos recursos sean necesarios en el caso del asesinato de Carmelo Soria ( ... ). Es prematuro saber si el Gobierno, como tal, planteará un recurso ante el Tribunal de La Haya. Hay que estudiar muy bien todas las opciones", aseguró ayer una fuente gubernamental.A diferencia del Supremo chileno, que decidió aplicar la amnistía a los culpables al estimar que Soria no tenía protección especial, el Gobierno español no tiene dudas sobre su status diplomático: "Para nosotros, Soria sí era un funcionario internacional". Ésa es también la opinión de la Asociación Económica para América Latina (Cepal), para la que trabajaba Soria. "En el momento de su desaparición desempeñaba el cargo de funcionario internacional ( ... ) y gozaba de todas las prerrogativas del Convenido de 1954".

Ahora se abren dos caminos simultáneos: presentación en los próximos días de una acusación constitucional en el Parlamento chileno contra los jueces de la Sala Segunda de la Corte Suprema, para lo que se necesita que ésta sea presentada por 10 de los 120 diputados, y la vía internacional.

En breve, el Gobierno chileno debe informar al secretario general de la ONU del contenido de la sentencia, y éste, a los Estados signatarios del convenio. Cualquier Estado, España entre ellos, puede discrepar de la sentencia o de la forma en que se ha llevado el proceso. El Tratado de 1954 establece los pasos a seguir: el Estado discrepante solicita un arbitrio, y en seis meses puede llevar a Chile a La Haya por incumplimiento del tratado internacional.

"No ha habido justicia en este caso", dice, por teléfono desde Chile, Alfonso Insunza, abogado de la familia Soria. "No se ha condenado a los culpables, no se ha reconocido por parte del Gobierno chileno que Soria fue una víctima inocente a manos de funcionarios del Estado y no se ha establecido una compensación".

¿Afecta la amnistía a la justicia española? "De encontrarse [los presuntos asesinos] aquí, cualquiera podría presentar una demanda y un juez ordenar su detención. No creo que España sea para ellos el mejor lugar para ir de visita", dicen fuentes del Gobierno.