Secreto y legalidad

LA DECISIÓN sobre clasificación y desclasificación de documentos secretos es eminentemente política, y por eso corresponde al Gobierno, que es quien debe apreciar si afectan o no a la seguridad. El Ejecutivo se atuvo a ese criterio -tras asegurarse de que no incurría en ilegalidad- respecto los papeles del Cesid cuya desclasificación solicitaban algunos jueces. Pero su decisión habría sido incompleta de no ir acompañada por la propuesta de reformas legales que refuercen, hasta donde sea posible, las garantías de que ese privilegio no será utilizado para encubrir actos ilegales.Una nueva Ley de Secretos Oficiales era necesaria porque la actual es preconstitucional; pero también por que la experiencia reciente ha planteado cuestiones que exigían una respuesta desde la legalidad, como la insólita pretensión de un juez de interrogar a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento. El anteproyecto aprobado por el Gobierno en su primera reunión tras las vacaciones aspira en principio a cubrir esas necesidades. Sólo cuando se conozca el detalle de su articulado podrá juzgarse hasta qué punto lo consigue. En todo caso, su tramitación en el Congreso permitirá introducir las modificaciones que se consideren precisas para alcanzar el máximo equilibrio entre los valores en conflicto. En particular, sería deseable que el de bate permitiera perfeccionar los mecanismos de control -parlamentario o de otro tipo- de la decisión unilateral e inapelable del Ejecutivo.

De momento, el Gobierno se opone a comparecer a petición propia en un debate parlamentario sobre la no desclasificación de los papeles del Cesid, pero ha hecho saber que el presidente estaría dispuesto a responder a preguntas parlamentarias sobre la cuestión en una de las sesiones semanales de control del Ejecutivo. Tal vez sea más prudente hacerlo así, pero Aznar no debería te mer un debate abierto porque tiene poderosos argumentos a favor de su posición. Por ejemplo, que no es lo mismo que un Gobierno desclasifique documentos que previamente ha declarado secretos a que lo haga el Gobierno que le sucede. Hay un principio de continuidad del Estado democrático que se pondría en peligro si se entrase en una dinámica de ese tipo.

Otro argumento, decisivo, es que lo que atentaba a la seguridad nacional no era tanto el contenido de los papeles en concreto como el hecho mismo de sentar el precedente de que un día puedan ser divulgados informes realizados desde el supuesto de su carácter reservado. Con esa amenaza no podría existir un servicio secreto eficaz ni obtener éste la colaboración de los de otros países, vital en, por ejemplo, la lucha antiterrorista. Además, no es lo mismo utilizar el secreto para cometer un delito -por ejemplo, el que protege los fondos reservados para pagar mercenarios- que investigar, al amparo del secreto que cubre al Cesid, sobre eventuales delitos cometidos desde dentro del aparato estatal. Por lo que se sabe, algunos de los papeles solicitados por los jueces se refieren a investigaciones de este segundo tipo.

Por otra parte, no pueden ignorarse las características específicas de este caso: papeles robados al Cesid y utilizados como elemento de chantaje contra el Gobierno por cuenta de un particular acusado de estafa y otros delitos. Para que el chantaje funcionara se necesitaba la publicación controlada de al menos una parte de los papeles, lo cual se hizo en el momento oportuno. Luego, los mismos que los publicaron argumentaron que, puesto que su contenido era conocido, no había motivo para no desclasificarlos, al menos algunos de ellos. De haber obedecido a esos requerimientos -planteados, por cierto, en términos insólitamente conminatorios-, el Gobierno habría contribuido a hacer efectivo el chantaje, autentificando unos documentos ilegalmente obtenidos. Se comprende que Aznar y su ministro de Defensa se negasen a ir por ese camino pese al riesgo de que se les reprochase inconsecuencia con lo que habían dicho cuando estaban en la oposición.

La novedad más significativa del anteproyecto es que deja abierta la posibilidad de desclasificación parcial de algunos documentos a petición de un juez; se su pone que se refiere a la parte de tales documentos cuya revelación se considere que no pone en peligro la seguridad nacional o los otros valores que la propia ley invoca como motivos válidos para declararlos secretos. Pero el anteproyecto descarta la posibilidad de que un diputado miembro de la Comisión de Secretos Oficiales pueda re velar a un juez lo que conoce en función de su pertenencía a dicha comisión; no se trata de que el diputado pueda negarse a revelar lo que sabe si se lo requiere un juez, sino que está obligado a negarse.