Magistrados y oposición critican que se 'penalice' el paso de jueces por la política

La decisión del Gobierno de imponer una excedencia de tres años a los magistrados que regresen a la judicatura tras pasar por un cargo político recibió ayer las críticas de la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria, que calificó las medidas de "desproporcionadas". En igual sentido se manifestaron el ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el dirigente de Nueva Izquierda Diego López Garrido, para quienes la nueva regulación es de dudosa constitucionalidad.

Tan sólo la asociación judicial Francisco de Vitoria ve "lógico y aceptable" el paso dado por el Gobierno.Por su parte, Benigno Varela, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), declaró a Europa Press Televisión que el órgano al que pertenece "respeta profundamente la decisión del Consejo de Ministros", aunque el Gabinete desoyera el informe del órgano de Gobierno de los jueces sobre el futuro de éstos cuando dejan la política. En el citado informe, el CGPJ se opone "restringir de modo excesivo el derecho de los jueces como ciudadanos a participar en la vida política.

Según Varela, "debemos felicitarnos de que dentro del Estado democrático de derecho, las diversas instituciones que lo componen puedan opinar de distinta forma del mismo problema".

El portavoz de la APM, Ángel Calderón, señaló que someter a un juez a "tres años de garantía por la sospecha de que pueda estar contaminado" puede ser excesivamente restrictivo, y añadió que esta formación judicial considera que sería "suficiente" que los jueces que hayan ocupado cargos políticos pierdan su destino al regresar a la carrera judicial. Esta última posibilidad era la que se apuntaba en el informe del CGPJ. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, evitó un rechazo expreso del escrito del CGPJ afirmando que el órgano de gobierno de los jueces no había hecho recomendaciones.

Por su parte, el dirigente del Partido Democrático de la Nueva Izquierda Diego López Garrido también criticó por "desmesuradas" las limitaciones impuestas a los jueces que, tras pasar por la actividad política, decidan reintegrarse a la judicatura, y opinó que responde a un criterio "profundamente corporativista que sostiene que los jueces son una raza aparte y la política una actividad contaminante".

López Garrido apuntó también lo que supone de restricción del derecho constitucional de cualquier ciudadano a participar en cargos públicos, puesto que entiende que con esta nueva norma será muy difícil que ningún juez quiera entrar en política y, de hacerlo, se le introducirá "en una vía de político profesional sin retorno".

En parecidos términos se expresó el exministro Belloch, para quien, "una cosa es que se establezcan límites -algo que ve razonable- y otra que se fijen dificultades desproporcionadas que supongan que a un determinado colectivo se le impida acceder a cargos públicos, lo que podría chocar frontalmente con la Constitución". Sin embargo, Belloch mostró su confianza en que el proyecto avance hacia posiciones menos restrictivas durante su tramitación en las cámaras legislativas.

Ley de secretos oficiales

El ex ministro se mostró, sin embargo, "absolutamente de acuerdo" con la filosofía de la nueva regulación de los secretos oficiales, acordada también por el Consejo de Ministros el pasado viernes, en cuanto que, en su opinión, "mantiene literalmente la línea política" del Gabinete anterior. No obstante, en declaraciones a la Cadena SER, se desmarcó de la decisión del PP de establecer un plazo de tiempo fijo para dar por cancelados algunos secretos.El actual portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso manifestó que la reforma del PP "acepta la evidencia de que los secretos deben ser secretos" y agregó que "en ningún país se le ocurre a nadie que porque un juez lo pida un secreto de Estado deje de serlo".

Las voces críticas a la Ley de Secretos Oficiales vinieron desde IU y el Partido Nacionalista Vasco. El diputado de la federación de izquierdas Pedro Antonio Ríos opinó que el Ejecutivo "se ha dado carta blanca para hacer lo que quiera con los secretos oficiales".

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, anuncio que su partido presentará una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno. Anasagasti manifestó que "esto es como lo de James Bond, sólo que en este caso es licencia para tapar. Parece que la Justicia sólo tiene que dedicarse a los que roban gallinas porque a los que cometen delitos por la suprema razón de Estado no les pasa nada", informa Pedro Gorospe.