José Barea defiende la aplicación de tasas en autovías y sanidad para recortar gasto público

José Barea, director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, defendió ayer la introducción del pago de tasas para transitar por las autovías y el llamado ticket moderador en la asistencia sanitaria, que supondría el pago de una parte del coste de los servicios de la sanidad pública. Barea anunció unos presupuestos "enormemente austeros" para 1997, con una reducción de un billón de pesetas, que afectará a todas as partidas. Afirmó también que en la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 1997 se van a introducir modificaciones para impedir que la Administración gaste más de lo programado y que de este modo no se reproduzcan los llamados agujeros presupuestarios.

Barea, que ayer participó en los cursos de verano de La Granda (Asturias), indicó que el incremento del gasto público se situará, en términos nominales (teniendo en cuenta la inflación), en tomo al 1,5%, un punto menos de lo que hasta ahora mantiene el Ministerio de Economía que va a crecer el gasto. La inversión pública, anunció Barea, "tendrá que soportar un recorte".Según indicó el director de la Oficina Presupuestaria, el Gobierno tendrá ultimados los presupuestos de 1997 entre el 6 y el 13 de septiembre a más tardar. Serán, dijo, "unos presupuestos enormemente austeros" para cumplir las exigencias del Tratado de la Unión Económica y Monetaria (UEM). A juicio de Barea, España debe ser consecuente con su compromiso, libremente asumido, de participar en la UEM, por más que ello va a suponer, dijo, "un ajuste duro para todos los españoles y para todas las capas sociales", en la convicción de que mantenerse al margen de la tercera fase (la moneda única) comportaría en el futuro inmediato mayores costes para el país y para los ciudadanos. "Si no logramos entrar en la Unión Monetaria, viviremos mucho peor. Analizando los costes y los beneficios, es preferible estar dentro que quedarse fuera".

José Barea se declaró partidario de introducir determinadas tasas tanto para transitar por las autovías como para recibir las prestaciones de la sanidad pública, como ya existe, dijo, en la generalidad de los países comunitarios, por lo que no son, advirtió, mecanismos "irracionales". Ambas medidas, actualmente en estudio por el Gobierno, son "necesarias no tanto por los ingresos que se generen como por el recorte de gastos innecesarios que supondría. Sólo el mantenimiento de las autovías suponen al año 100.000 millones de pesetas". "En España", recordó, "el ticket moderador ya se aplica en la compra de las medicinas, de las cuales el beneficiario de la Seguridad Social costea el 40% de su precio", y se trataría de extender ese criterio "al conjunto de los servicios de la sanidad pública", para disuadir un uso indebido de las prestaciones sanitarias. No obstante, Barea admitió que tales decisiones, de ser adopta das, tendrían un inevitable "coste político". Al respecto sostuvo que la aplicación del ticket no impediría modular su cuantía se gún el nivel de renta de los ciudadanos, aún cuando esa corrección complicaría su gestión.Para disciplinar la política presupuestaria y el gasto público, la ley de acompañamiento de los presupuestos de 1997 introducirá modificaciones que impedirán la realización de gastos que no hayan sido presupuestados. "Tenemos la legislación presupuestaria más laxa de Europa. Se modificará la ley para que no se puedan contraer obligaciones que carezcan de créditos presupuestarios y no se repitan nuevos agujeros". "No es que se incurriera en ilegalidad" en anteriores ejercicios presupuestarios, manifestó, sino que "la ley permitía al Gobierno una gestión laxa y que los gastos pudieran sobrepasar los créditos presupuestarios". "En la ley de presupuestos de 1997 se modificarán", anunció, "todos los preceptos de la ley general presupuestaria que permitían esa laxitud. Esto es muy importante para dar credibilidad. No basta que las cuentas cuadren, sino que es necesario que se cumplan las cuentas", afirmó.

Barea reiteró que del recorte presupuestario quedarán excluidas las pensiones. "En pensiones no habrá ningún recorte. Es un derecho subjetivo reconocido a los actuales pensionistas por la Constitución y existe tanto un compromiso político del presidente del Gobierno como un acuerdo, el Pacto de Toledo, en el que han participado todos los partidos políticos. No hay razón para la alarma social entre quienes tienen reconocida una pensión. El que es pensionista en la actualidad lo es para siempre y por el importe que tiene reconocido, que se va a actualizar de acuerdo con el índice de coste de la vida y en conformidad con lo que se decida en el desarrollo del Pacto de Toledo".