El primer ministro francés, "contrario a regularizar en bloque" a los ilegales

El primer ministro Alain Juppé declaró ayer que ninguno de los africanos encerrados en la iglesia de Saint-Bernard de París "poseía derecho alguno de residencia en Francia", pero que estaba dispuesto a estudiar, "a título excepcional y caso por caso", la situación de los 300 extranjeros. Según Juppé, el Consejo de Estado, "máximo organismo administrativo del país" sólo cree posibles esas excepciones cuando "el extranjero lleve más de 15 años residiendo en Francia, cuando por razones de salud no sea aconsejable su traslado o cuando una expulsión ponga en peligro la vida familiar".

El propósito de Juppé y su ministro del Interior, Jean-Louis Debré, al solicitar un dictamen del Consejo de Estado relativo a las modalidades de aplicación" de las llamadas leyes Pasqua, respondía a esa necesidad de encontrar un respaldo jurídico suplementario, tanto para su intransigencia verbal como para la moderación de sus actos. Se trataba de encontrar una salida que permitiese conciliar el respeto a la ley con la preocupación humanitaria. Por la mañana, Debré repetía que "no habrá regularización masiva", y por la tarde Juppé recordaba que "es contrarío a la ley regularizar en bloque". Sin embargo, el primer ministro se apresuró a matizar: "Nunca se nos ha pasado por la cabeza expulsar a un enfermo, separar a una madre de sus hijos o romper una pareja".De todo eso se deduce que el Gobierno se dispone a expulsar a los 117 africanos cuya demanda de asilo ha sido rechazada. De este bloque serán excluidos los nueve de ellos que se encuentran en huelga de hambre y están demasiado débiles. A los que embarquen hacia Bamako (capital de Malí) antes se les habrá "indemnizado" con algo más que los 1.000 francos (más de 25.000 pesetas) habituales en esos casos -de ahí la presencia del ministro del Presupuesto en el miniconsejo de ministros de urgencia de anteayer-, mientras que la suerte del resto de los ilegales dependerá de cómo se interprete que hay que aplicar la confusa ley Pasqua.

Pero si el Gobierno ha renunciado ya a la mera aplicación de la fuerza, el frente de los ilegales africanos tampoco parecía ayer tan firme. Ababacar Diop, el más popular de sus portavoces, insistía ayer en que "la lucha continuará hasta la regularización de todos los sin papeles", mientras que otro, Yussuf Tounkara, admitía "no ser hostil al estudio de los informes caso por caso", al tiempo que pedía a los huelguistas de hambre que depusiesen su acción, solicitud en la que coincidió con el primer ministro.

Todo el embrollo de estos ilegales nace de las modificaciones, impulsadas en 1993 por la derecha recién llegada al poder, respecto al acceso a la nacionalidad francesa y el derecho de asilo o de residencia, y que han convertido en "irregulares" a personas que desde hacía años vivían y trabajaban regularmente en Francia. Los casos más flagrantes son los de los padres extranjeros que tienen hijos franceses o nacidos en Francia, pues en ciertas circunstancias a veces ni se les puede expulsar ni se puede regularizar su situación: es la ilegalidad obligatoria e involuntaria. También puede perder el permiso de residencia en caso de divorcio o separación.La actitud del Gobierno de Alain Juppé, que ahora pasa por negarse a admitir en su vocabulario palabras como "diálogo", "negociación" o "concertación", no ha engañado a nadie. Para la opinión pública, Juppé y Debré han tenido que dar una parcial marcha atrás. Para los ultraderechistas del Frente National (FN), "el Gobierno se dispone a capitular", y han criticado "la firmeza meramente verbal" del Ejecutivo. Lo cierto es que Debré y Juppé pretendían servirse del caso de los "¡legales" encerrados en la iglesia de Saint-Bernard como de un ejemplo de su rigor e intolerancia respecto a la emigración en general y los clandestinos en particular, siempre con la esperanza de arrebatarle al FN uno de sus temas electorales más populares.