El abogado de Perote pedirá su absolución por falta de delito

Jesús Santaella, el abogado del coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, anunció ayer que pedirá la libertad de su cliente por considerar que no cometió el delito de apropiación de documentos secretos que le imputa el fiscal militar. "No hay delito, a la vista del contenido del sumario, por lo que procede la absolución", declaró.El letrado realizó este anuncio tras conocer que el ministerio público, en sus conclusiones provisionales, pide 10 años de cárcel para el antiguo agente secreto, interno en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) desde el pasado 29 de septiembre.

Santaella, que trabaja también para el ex banquero Mario Conde, aseguró que se había enterado del escrito del fiscal a través de EL PAÍS a pesar de que fue firmado el pasado 15 de julio.

En contra de lo que sostiene la fiscalía, Santaella considera que el coronel no sustrajo los documentos secretos, pues, aunque se las llevó cuando fue apartado del centro, devolvió las 1.245 microfichas dos meses después. Según su versión, Perote sacó "inadvertidamente" los papeles del Cesid, mezclados con otros personales. Además, niega que los documentos microfilmados por el coronel tuvieran la calificación de secretos, ya que no constaban en el correspondiente registro ni llevaban el sello preceptivo.

Militar en la reserva

En su opinión, los tribunales militares ni siquiera son competentes para juzgar a Perote, ya que éste pasó a la reserva el 14 de julio de 1992 y la legislación limita a tres años el plazo durante el cual se está sujeto a las leyes penales y disciplinarias castrenses.El abogado niega, en contra de lo que sostiene el fiscal, que Perote hiciera copias de los papeles mientras estuvieron bajo su exclusivo control. "Considero que es una afirmación gratuita porque no existen las copias. Nadie las ha visto. Estamos en lo de siempre: si no hay cadáver, no hay crimen", concluyó.

Santaella no quiso adelantar si pedirá la nulidad de las actuaciones o la inhibición de la jurisdicción militar, aunque esta última posibilidad se deduce de sus manifestaciones. Salvo que las demandas de la defensa, como ha sucedido hasta ahora, prolonguen más el proceso, el juicio militar contra Perote debería celebrarse en octubre.

Además de esta causa, Perote está procesado en la jurisdicción castrense por un delito de tenencia ilegítima de información clasificada por los documentos secretos incautados en su celda.

También está imputado en el caso Marey, que instruye el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner, y en los casos Lasa-Zabala y Oñederra, que instruyen los jueces de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón, respectivamente, así como en el sumario por la escuchas telefónicas del Cesid, que se sigue en los juzgados de instrucción de Madrid.