Para que no se repita

LA MAGNITUD de la catástrofe de Biescas obliga a extremar el rigor de la investigación, como ya dijimos en un primer editorial sobre el asunto. Pero no para satisfacer la tendencia, tan humana, a encontrar culpables sobre los que descargar nuestro dolor, sino para que puedan tomarse a tiempo medidas que eviten tragedias similares en el futuro. La investigación iniciada por el juzgado de Jaca habrá de indagar sobre si la catástrofe pudo ser evitada. Ése deberá ser el único criterio tanto para delimitar eventuales responsabilidades como para orientar las medidas a tomar en adelante. Pero sin que se establezca una correspondencia automática entre ambos planos. Es muy probable que la indagación de las causas de algo tan desastroso conduzca a modificaciones en los criterios de seguridad de los cámpings de montaña. Pero ello no significa necesariamente que haya personas a las que culpar de lo ocurrido.Parece que no hay dudas sobre la legalidad de las instalaciones. La cuestión es si hubo lenidad de las instituciones al autorizarlas sin tomar en consideración la entidad real de los riesgos existentes. Por supuesto, la pretensión de que las medidas administrativas garanticen contra cualquier riesgo posible no sólo es utópica, sino propia de mentalidades totalitarias: habría que prohibir los automóviles, despoblar California -por los terremotos- y cerrar las playas. Lo que sí es exigible a las autoridades es que antes de autorizar unas determinadas instalaciones públicas se tomen en consideración los riesgos potenciales y se establezca un margen razonable de seguridad entre lo posible y lo probable.

Un cámping, tal como se concibe modernamente en Europa, como un hotel al aire libre, con acceso para automóviles y caravanas, sólo puede situarse en un terreno. totalmente llano o bien aterrazado, y los espacios con esas características son escasos en zonas montañosas. El de Biescas podía existir y ofrecer tantos atractivos porque se había asentado en la antigua cuenca o ribera natural de un no canalizado hace muchos años para encauzar las avenidas procedentes del deshielo de primavera. Según una opinión que comparten muchos ecologistas, la naturaleza acaba pasando factura, de toda modificación del entorno, y esa canalización del río habría agravado ahora los efectos de la riada. Es una opinión a tener en cuenta, pero existen otras de especia listas -no necesariamente opuestos al conservacionismo- que sostienen lo contrario.

La legislación vigente establece que no podrán instalarse cámpings en cauces secos de ríos o en zonas susceptibles de ser inundadas. Si se autorizó el de Blescas, es porque las autoridades consideraron suficientemente estable la canalización realizada. Es evidente que se equivocaron, pero de ello no se deduce necesariamente una culpabilidad: para que se dedujera habría que de mostrar que, con los datos existentes en su momento, el margen dejado a lo azaroso era excesivo; si hubo, en resumen, temeridad al no considerar factores cuya conjunción podría hacer posible la catástrofe. Por supuesto, todo lo que ocurre tiene causas; hay razones geológicas atmosféricas, hidrográficas, capaces de explicar que lo excepcional aconteciera. Las autoridades, y no sólo las de Aragón, deberán calibrar hasta qué punto esta experiencia obliga a reconsiderar su política respecto a instalaciones públicas al aire libre. Pero ello no proyecta automáticamente una responsabilidad retrospectiva sobre quienes autorizaron el cámping de Biescas.

Será la investigación judicial la que determine, esas eventuales responsabilidades. Oponerse a ella en nombre del futuro turístico de la zona es un contrasentido.

Frente a la evidencia de las 86 víctimas, sólo la certeza de que las autoridades reaccionan con presteza, analizando las causas, delimitando responsabilidades y tomando medidas que refuercen la seguridad, podrá devolver la tranquilidad a futuros visitantes de la zona.