Una amenaza de bomba acaba con el encierro de los trabajadores de Arganda

Una amenaza de bomba obligó ayer, a las 13.19, al desalojo del Ayuntamiento de Arganda, edificio donde estaban encerrados 28 trabajadores despedidos por el equipo de gobierno. El Ayuntamiento -a pesar de que la Guardia Civil certificó a las 14.00 que ningún artefacto había sido colocado en el Consistorio- no permitió la vuelta de los trabajadores, que llevaban encerrados desde el pasado día 7. El concejal de Personal, Benjamín Martín, del PP, abandonó el lugar a las 14.00: se fue de fin de semana. En la puerta se quedaron los trabajadores, presos por la pena y la rabia.

El Ayuntamiento de Arganda (29.000 habitantes) ha despedido a 20 trabajadores fijos -28 según los sindicatos- El concejal Benjamín Martín explica: "No tenemos dinero para pagarles, ya que la deuda municipal es de 3.500 millones de pesetas". El edil reconoce, sin embargo, que una parte de estos puestos de trabajo serán sustituidos por contratas privadas. "Que son más baratas", añade. Y pone como ejemplo que un vigilante privado le cuesta 1.100 pesetas a la hora y un policía local "más de 3.000.Santiago tiene 43 años, 10 de ellos como barrendero. Es padre de cuatro hijos, gana 110.000 pesetas al mes y su mujer no tiene trabajo. A partir de septiembre engrosará las listas del desempleo. "¿Dónde voy a ir con mi edad? Las empresas sólo quieren chavales y les hacen contratos basura".

Duro y dramático

Martín replica que la plantilla municipal es excesiva: "El capítulo 1 [gastos de personal] se nos lleva el 50% del presupuesto. En pueblos como Valdemoro [21.000 habitantes] sólo representa el 18%. La medida que hemos tomado es dura y dramática, pero no quedaba otra solución. Tenemos que equilibrar los presupuestos".La oposición local (PSOE e IU) y los sindicatos no piensan igual. Según Florián Moya, de IU, "el PP está engañando al pueblo". "Confuden", dice, "la deuda y el endeudamiento. Lo que vale son los datos oficiales. En la liquidación del presupuesto del año pasado se indicaba que había un superávit de 1.049 millones. Lo que pasa es que, para justificar los despidos, suman las inversiones municipales hasta el año 2006 y salen los 3.500 millones que dicen". José Pérez, del PSOE, cree que "Ias explicaciones del Ayuntamiento son ridículas: dicen que echan a los trabajadores porque tienen deuda, y luego se gastan ese dinero en contratas privadas". Según Pérez, "el PP hace lo más fácil: deja la responsabilidad municipal en manos de terceros".Carlos Calles, secretario comarcal de CC OO, cree que los despidos son un experimento político. "El alcalde utiliza el municipio como trampolín para sus aspiraciones. Privatiza los servicios para hacer méritos ante sus jefes, que propugnan una política ultraliberal. Si el experimento les sale bien, lo exportarán a otros pueblos". Martín lo niega y repite que las vacías arcas municipales le obligan a los despidos.