El veto de Álvarez Cascos impide a Eduardo Serra completar la nueva cúpula de Defensa

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, está experimentando en carne propia las dificultades que conlleva su condición de independiente en un Gobierno del PP. El éxito que supuso para Serra la decisión del Consejo de minisros de no desclasificar los documentos del Cesid ha eclipsado otros fracasos menos notorios pero igualmente importantes en el capítulo de nombramientos. El veto del vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, a los candidatos de Serra mantiene vacante la dirección de armamento, una de las más importantes del Ministerio de Defensa.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de julio el cese del director general de Armamento y Material, Francisco Arenas, pero no nombró sustituto. Álvarez Cascos comunicó al ministro de Defensa que su candidato era inaceptable para el partido, por su estrecha vinculación a la anterior etapa.Serra, que fue subsecretario y secretario de Estado de Defensa entre 1981 y 1987, no sospechó que pudiera tener problemas con la candidatura de Antonio Rodríguez, un técnico que desde hace más de una década dirige la Gerencia de Cooperación, encargada de negociar compensaciones por las compras en el extranjero.

No fue ése, sin embargo, el único nombre vetado por Alvarez Cascos a última hora, cuando el ministro ya había comunicado la designación a los propios interesados, quienes recibían prematuras felicitaciones.

Pacto con Piqué

El mismo Francisco Arenas se preparaba para ocupar la presidencia de Santa Bárbara, mientras que Carlos Martínez de Albomoz, ex responsable de Astilleros Españoles, se haría cargo de Bazán. Los nombramientos de los nuevos presidentes de las dos empresas públicas más dependientes de los presupuestos de Defensa habían sido consensuados por Serra con el titular de Industria, Josep Piqué.Pero el pacto entre los dos ministros independientes fue deshecho por Alvarez Cascos, quien canalizó la oposición del partido a los nombramientos. Por ejemplo, el veto a Martínez de Albornoz -que fue jefe del actual secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, en la división naval del INI- se atribuye a la alcaldesa de Cádiz, la popular Teófila Martínez, quien recordó que el PP había pedido su cese como presidente de los astilleros civiles.

Finalmente fue Moncloa la que eligió a los presidentes de Santa Bárbara, José Antonio Casanova, y Bazán, Juan Alsina, mientras que la dirección de armamento sigue vacante y la lleva provisionalmente el vicealmirante Carlos Casajús. De él depende toda la política de compras de armamento y materíal de las Fuerzas Armadas.

En medios industriales se cree que el ministro acabará optando por un militar, como el almirante Eduardo Liberal, jefe de Apoyo Logístico de la Armada. Otras fuentes sostienen, en cambio, que el cargo seguirá en manos de un civil, pues cualquier militar sería sospechoso de favorecer a su ejército, en detrimento de los otros dos.Los problemas de Serra para formar su equipo -fue el último ministro en nombrar subsecretario y secretario de Estado- explicarían algunos cambios de opinión. A Francisco Arenas se le prometió que seguiría como director general, luego que iría Santa Bárbara, y ha acabado en su casa. Guillermo Llamas, director de Infraestructura, fue confirmado en mayo y destituido en julio.

La propia elección de Serra como ministro, la gran sorpresa del primer Gobierno Aznar, fue recibida con reparos en amplios sectores del PP, donde se atribuyó a una recomendación de las más altas instancias del Estado. Su primer nombramiento, el de Laureano García como director de Reclutamiento y Enseñanza, también levantó ampollas, pues se interpretó como síntoma de continuismo.

Civiles por militares

Serra intentó disipar esos recelos nombrando un hombre puente con el partido -su director de gabinete, Pedro Argüelles, amigo de Alvarez Cascos- y eligiendo a dos independientes no conflictivos, Pedro Morenés y Adolfo Menéndez, como secretario de Estado y subsecretario, pero ello no le evitó nuevos tropiezos.En cambio, a Serra le ha resultado mucho más fácil elegir entre militares a los candidatos para los puestos más delicados (como el general Santiago Valderas, nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, o el general Javier Calderón, director general del Cesid), incluso cuando esos cargos eran ocupados hasta ahora por civiles. Ése es el caso de los nuevos directores de Personal (el general del Aire Juan Antonio Lombo), Asuntos Económicos (el general de Intendencia Francisco Pérez Muinelo) e Infraestructura (el general de Ingenieros Leonardo Larios).