Un pequeño desastre

BASTANTE SE aprovecha ETA de las ventajas propias de la sociedad democrática que intenta destruir para que encima le hagamos el regalo de nuestra confusión. Ya se sabía que existían divergencias entre los partidos democráticos sobre importantes asuntos que inciden en el problema de la violencia. Lo que no se entiende es qué interés puede haber en escenificar esos desacuerdos cada vez que hay oportunidad, y sobre todo en hacerlo desde el Pacto de Ajuria Enea: un foro nacido precisamente para evitar que ETA sacase partido de tales discrepan cias. La confusión es máxima cuando para justificar la iniciativa que produjo el pequeño desastre escenificado ayer se invoca un punto de la carta fundacional de Ajuria Enea en el que se habla de la necesidad de "velar porque la necesaria defensa del Estado de derecho se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y los derechos humanos".Precisamente. La defensa del Estado de derecho no puede plantearse desde actitudes que desprecian o relativizan las reglas de juego propias del Estado de derecho. Por ejemplo, las que han conducido, como un trámite más dentro del proceso del caso Lasa-Zabala, a la revocación de la decisión por la que se decretaba la prisión provisional incomunicada de Galindo. La pretensión de que la Mesa de Ajuria Enea haga cambiar de opinión al tribunal que ha decidido esa revocación resulta insólita. Equivale a convertir ese foro en una especie de tribunal de segunda instancia. Antes de la decisión del día 2 sobre Galindo ha habido multitud de resoluciones judiciales discutibles, con indudable incidencia en el problema de la violencia, sin que a ninguno de los que ahora han considerado vital su convocatoria les pareciera imprescindible discutirlas en Ajuria Enea.

La decisión de no desclasificar los papeles del Cesid fue adoptada por el Gobierno tras asegurarse de que era potestad suya hacerlo, de acuerdo con una resolución expresa del. Tribunal de Conflictos. Se puede discrepar de la medida, pero es legal, y parece poco inteligente movilizar al Pacto de Ajuria Enea para impugnarla. ¿Cómo no va a tomar en consideración el Gobierno los previsibles efectos de sentar un precedente como el que supondría. la desclasificación de documentos secretos? A quienes prestaron su colaboración necesaria para hacer efectivo el chantaje contra el Gobierno -publicando los papeles robados por Perote- puede que no les inquieten las consecuencias; pero un Gobierno responsable no puede dejar de prever, y tomar en consideración, los efectos de sus acciones. Por ejemplo, en este caso, en relación a la colaboración de los servicios secretos de otros países en la lucha contra ETA.

A juzgar por los resultados, no puede decirse que la iniciativa de reunir ahora la Mesa haya sido inteligente. Sin embargo, lo peor ha sido la insólita excitación con que ha sido reclamada por algunos políticos que suelen ser más comedidos cada vez que lamentan los crímenes de ETA. La idea que han trasmitido es que en el País Vasco hay dos violencias simétricas, la de ETA y la del Estado. Ningún político honesto puede ignorar la interpretación que ETA hace de esa afirmación, especialmente cuando procede de quienes considera sus enemigos; tampoco puede ignorar que ideas de ese tipo son las esgrimidas por los sectores amedrentados por ETA para justificar su autoproclamada neutralidad. Pero aceptar esa falacia supone además olvidar que hace ya 10 años que desaparecieron los GAL, lo que no ha impedido a ETA añadir desde entonces 233 nuevas víctimas a su contabilidad siniestra. El hecho de que un arzobispo se sume a la confusión reclamando el cese de la violencia "por ambas partes" demuestra que este mensaje ha cuajado; y que nadie está libre de la tentación de escudarse en la equidistancia.