El documento de Ardanza proponía reformar la ley de secretos oficiales

La presidencia del Gobierno vasco intentó ayer contentar a todos con un documento de ocho puntos que al final se quedó en papel mojado. La Lehendakaritza construyó un discurso que conjuga el respeto a las decisiones judiciales y a la seguridad del Estado con la "honda preocupación" que han provocado en la sociedad la libertad sin fianza del general Rodríguez Galindo y la no desclasificación de los papeles secretos del Cesid. Ardanza concluía. su propuesta con una demanda al Gobierno: que reforme la "insatisfactoria" legislación en materia de secretos del Estado para que todas las instituciones presten la máxima colaboración a la justicia "poniendo a su disposición todos aquellos elementos probatorios que, estando en sus manos, les sean requeridos por ella".

La propuesta del lehendakari recogía las críticas de quienes sostienen que la decisión de poner en libertad a Rodríguez Galindo resulta discriminatoria respecto de otros casos análogos, "razón por la cual", cita, "contribuye a debilitar la confianza de los ciudadanos ante la ley". Sin embargo, con una cuidada redacción, Ardanza ponía en boca de todos que esperaba que esa decisión no supusiera un "obstáculo o desviación" del proceso judicial. Además dejaba claro en el texto que los firmantes se posicionaban a favor del esclarecimiento de todos los hechos y responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Interpretaciones abusivas

La desclasificación de los denominados papeles del Cesid era el segundo bloque de la propuesta frustrada. Para Ardanza, tan legal es desclasificar los papeles como mantenerlos secretos. Por ello aconseja al Gabinete Aznar que "ante reclamaciones similares" encuentre las fórmulas más oportunas para entregarlos a la justicia, sin poner "para nada en peligro la seguridad del Estado". El lehendakari cree que la mejor fórmula para llevarlo a cabo es una reforma de la "insatisfactoria" legislación que "ampara la discrecionalidad gubernamental" y que en la actualidad permite hacer interpretaciones "abusivas y torticeras del concepto de seguridad del Estado".Finalmente, la Mesa de Ajuria Enea solicitaba a todas las instituciones la máxima colaboración con la justicia y que eviten "a toda costa ejercer sobre los jueces cualquier tipo de presión corporativa que trate de entorpecer, condicionar o dirigir el funcionamiento libre e independiente de la justicia, sin que ello signifique. merma alguna de las garantías procesales, y en particular del derecho de los encausados a defenderse, a título personal, en los procesos que contra ellos están abiertos o puedan abrirse".